#DespiertaSonora
Hermosillo, Son. A conducirse apegados a Derecho, con civilidad y respeto durante el presente proceso electoral aprobó exhortar el Congreso del Estado a las instituciones electorales de los ámbitos federal y local, así como a simpatizantes y militantes de partidos políticos que contiendan por candidaturas, y ciudadanos con aspiraciones a candidaturas independientes.
La exposición de motivos del Acuerdo establece que está dirigido a todas las personas participantes de las elecciones de 2021 en el Estado de Sonora, para que se apeguen a lo que establece la Ley General en materia de Delitos Electorales y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Los citados ordenamientos jurídicos nos marcan la pauta de los procedimientos que se realizan durante el proceso electoral, así como la regulación de conductas ilícitas como la comisión de delitos en materia electoral; por ello, también el llamado a la civilidad y respeto de los principios democráticos de nuestro Estado y de nuestro país”, afirmó la diputada María Magdalena Uribe Peña, quien presentó la iniciativa.
Agregó que en Sonora debe ponerse en alto a la democracia y asegurar que el sufragio del ciudadano sea en apego al orden constitucional que refleje la soberanía nacional, para lo cual es necesario empaparse de cada una de las etapas para no violentar el proceso electoral para los comicios que habrán de celebrarse el 6 de junio de 2021.
La legisladora consideró fundamental consultar, revisar y tener a la mano el Acuerdo mediante el cual el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el calendario para el proceso electoral.
“Necesitamos empaparnos de cada una de las etapas para no violentar el proceso, pero además la civilidad hará que evitemos conductas no deseables en el ejercicio de la democracia; que la violencia no impere en este proceso y mucho menos durante la jornada electoral”, aseveró.
Es importante y oportuno llevar unas elecciones con los cuidados en la salud, de ahí la necesidad de prever los protocolos por la contingencia del COVID-19, dijo Uribe Peña, quien aclaró que la iniciativa presentada no tiene tintes de conflicto político o partidista en particular, sino que es simplemente una consideración por el bien de la democracia y la salud en Sonora.
En esta sesión ordinaria se aprobó otro Acuerdo para exhortar a diversas autoridades educativas, con el objeto de que se reconozcan los derechos laborales de los asesores externos especializados integrados al Programa Nacional de Inglés, PRONI, en el Estado, y para que lleven a cabo la instalación de una mesa de diálogo entre autoridades educativas federales, estatales y una representación de los docentes o asesores, previo a la firma del Convenio Marco para la Operación de los Programas Federales de Educación Básica para 2021.
El diputado Héctor Raúl Castelo Montaño expuso ante el Pleno que al igual que en otras entidades federativas, el PRONI opera en Sonora desde 2009 con una contratación de aproximadamente 600 docentes especializados en el idioma inglés, quienes de acuerdo a las reglas de operación del programa, se denominan asesores/as externos/as especializados/as y prestan sus servicios en las escuelas de educación básica de ambos niveles, pero a decir de ellos mismos, sin reconocimiento de los derechos laborales que disfrutan otros docentes estatales o federales del mismo sistema.
Por ese motivo se sienten discriminados ante el trato que reciben de parte de las autoridades educativas respectivas, de manera que el exhorto lo dirige al Subsecretario de Educación Básica; a los titulares de las unidades administrativas responsables de la operación de programas; a la Directora General del Programa Nacional de Desarrollo de Gestión Educativa; al Director General de Educación Indígena y a la Directora General de Desarrollo Curricular, todos dependientes de la Secretaría de Educación Pública.
También a la Secretaría de Hacienda del Estado, al Secretario de Educación y Cultura, y a la Subsecretaria de Educación Básica en Sonora.
Castelo Montaño indicó que los docentes no tienen derecho a plaza base, no se les incorpora a la asistencia social para disfrutar de acceso al servicio médico ni a vivienda; no se les reconoce antigüedad en el servicio; no reciben aguinaldo y solo lograron que se les proporcione un bono navideño, pero bajo el entendido de que no tienen esas prerrogativas laborales en virtud de ser prestadores de servicios que rigen su actividad mediante un contrato temporal que se renueva cada seis meses.
“Lo cierto es que prestan su servicio docente con un horario y en un centro de trabajo definidos, en subordinación con jefes inmediatos, en la infraestructura educativa que proporciona el Estado, es decir, bajo las mismas circunstancias que los maestros con plaza base”, afirmó el legislador.
El derecho de las maestras y maestros que participan en el Programa Nacional de Inglés, para disfrutar de plaza base, antigüedad en el servicio y asistencia social, no debe negárseles, al ser contratados por el Estado, consideró.
Las autoridades educativas podrían instaurar una figura jurídica que se pueda manejar dentro del sistema educativo con miras a la basificación de sus plazas, sostuvo, lo cual sería satisfactorio y justo para los docentes, quienes proponen una figura legal que se puede denominar: basificación con dispensa de perfil, lo cual sería viable para dar solución a quienes teniendo los conocimientos necesarios para impartir la materia de inglés, están impedidos de participar en el concurso de una plaza base.