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El INPI promete más tierra a los yaquis a cambio del Acueducto Independencia

Feb 4, 2021

Alberto Vizcarra Ozuna / Columnista

#DespiertaSonora

Convencer de que no hay una vinculación productiva y existencial entre la tierra y el agua es un empeño contra natura y más cuando se está tratando con la Tribu Yaqui que ha forjado su identidad centenaria y su cosmovisión cultural en la defensa de estos dos insumos que hacen posible la vida. Quienes tienen a su cargo la encomienda presidencial de instrumentar el Plan de Justicia para los pueblos yaquis, los directivos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), parecen olvidar este principio elemental y quieren persuadir a los yoremes -bajo la promesa de ampliar su territorio- es decir la posible entrega de más tierra, que desistan de la defensa legal que por más de diez años han sostenido en contra de la operación del Acueducto Independencia, obra que ilegalmente trasvasa agua de la cuenca del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo para alimentar negocios privados en torno a grandes proyectos inmobiliarios.

El afán de que el acueducto sea admitido como una realidad de fuerza o hecho consumado, es una tarea que se impusieron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En el discurso, el gobierno de la Cuarta Transformación sostiene con vehemencia y a veces a gritos, que no son iguales, pero en este caso hacen exactamente lo mismo. Continúan, como los gobiernos anteriores, desobedeciendo las disposiciones judiciales que ordenan la suspensión y/o cancelación de la obra y mantienen con el mismo vigor la ofensiva jurídica de las dependencias federales como CONAGUA, SEMARNAT y PROFEPA para tratar de “legalizar” lo ilegal, ahora a la sombra del Plan de Justicia para los pueblos yaquis, ideado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo pernicioso es que, encubiertos en el espíritu de Cárdenas, los directivos del INPI, Adelfo Regino y Hugo Aguilar, en la práctica se proponen desmontar el decreto del General que desde 1939 le asigna, de manera específica, uso y destino a las aguas del Río Yaqui, para que estas no sean desviadas a otros propósitos como se hace con la operación ilegal del Acueducto Independencia. Adelfo y Hugo Aguilar, no tienen empacho en reconocer que todo esto camina en coordinación con el ahora candidato de MORENA al gobierno de Sonora, Alfonso Durazo Montaño desde que este era Secretario de Seguridad.

Los yaquis no están deslumbrados por los posibles alcances del Plan de Justicia, saben que son beneficios a los que tienen derecho y que se les deben de entregar sin ninguna condición. Nunca admitirán, porque ello implica renunciar a su identidad, recibir los prometidos beneficios a cambio de que desistan de su lucha en contra de que las aguas del Río Yaqui sean trasvasadas a la ciudad de Hermosillo. Han hecho larga escuela en la resistencia, mantienen un diálogo de buena fe con las autoridades federales, pero jamás permitirán que el decreto del presidente Cárdenas termine convertido en letra muerta.

La evidencia más fresca al respecto son las recientes demandas interpuestas por los yoremes en contra del acuaférico de Hermosillo que se pretende alimentar de las aguas trasvasadas ilegalmente por el Acueducto Independencia; demandas a las que un Juez de Distrito les otorgó acción suspensiva sobre ambas obras por el cúmulo de violaciones a la ley en las que se ha incurrido para imponerlas.

Los directivos del INPI ya deberían de haber desistido de usar el Plan de Justicia como los proverbiales espejitos con los que se proponen engañar a los yaquis. No hay manera de que la tribu caiga en la trampa de que recibirá más tierra a cambio de entregar el agua. La tierra sin el agua termina como cementerio. Las autoridades federales no deben de seguir confundiendo la prudencia y buena fe de los yoremes con sumisión y entrega, porque obligarán al presidente a pedirles perdón a los indígenas no solo por las heridas del pasado, sino también por intentar propinarles un golpe existencial al desviarles las aguas del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo.

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