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Los yaquis no se dejan curar parados / Alberto Vizcarra Ozuna/ Columna

Feb 11, 2021

#DespiertaSonora

La centenaria resistencia de la Tribu Yaqui tiene una característica especial: no se niegan a participar o contribuir en las transformaciones que procuran la integración y el fortalecimiento de la nación, pero persisten en hacerlo desde su identidad cultural, y desde sus usos y costumbres. Se puede decir que  la tribu mantiene una postura abierta y cerrada al mismo tiempo. Por ello ha hecho presencia activa en los momentos decisivos de la historia nacional, sin declinar en su empeño de conservar agua y territorio. Aprendieron que necesitan a México y que México los necesita. Es quizá la única etnia en el país, que dispone de una delimitación territorial y de volúmenes específicos de asignación de agua para sus actividades productivas.

Elementos básicos a ser entendidos por quienes ahora tienen la encomienda presidencial de llevarle apoyos a la etnia en nombre del llamado Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, ideado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.  Los directivos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes y Hugo Aguilar, encargados de realizar el plan, parecen desconocer la personalidad de la tribu o la menosprecian, cuando se proponen que los apoyos prometidos a los yaquis tienen que ser a cambio de que renuncien a su lucha y a sus acciones judiciales en contra del Acuaférico Oriente y de la operación ilegal del Acueducto independencia, con el que se trasvasan volúmenes crecientes de agua de la Cuenca del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, afectando a la etnia y a las actividades productivas del sur de Sonora.

La experiencia de Adelfo Regino y de Hugo Aguilar en el trato con comunidades indígenas, no ha sido suficiente para que se percaten de que los yaquis no se dejarán curar parados. Por lo pronto los yoremes ya les descubrieron la doble cara. Al momento en que el INPI ponía en marcha el Plan de Justicia, las delegaciones federales de CONAGUA, SEMARNAT y PROFEPA en Sonora, le autorizaban a la alcaldesa padrecista de Hermosillo, Célida López, los permisos correspondientes para la construcción del Acuaferico Oriente, obra citadina que se pretende conectar con el Acueducto Independencia para incrementar los caudales de transferencia que ilegalmente se hacen desde la Cuenca del Río Yaqui. Una política de doble ventanilla: por una ventanilla te ofrezco beneficios y más tierra, y por la otra te quito el agua.

Se ha incrementado mucho la presión sobre los responsables del Plan de Justicia. Por un lado la Tribu Yaqui que ya está denunciando el doble juego y que interpuso una demanda más en contra del acuaférico y del acueducto, logrando amparo  y acciones suspensivas en contra de ambas obras, y por el otro la fuerte presión del candidato de MORENA a la gubernatura, Alfonso Durazo Montaño, quien sin medir consideración legal alguna ni los tropiezos que le ocasionaría al Plan de Justicia y a sus operadores, respaldó la operación ilegal del acueducto y dijo que construiría el acuaférico “aunque despuecito”.

Los objetivos emblemáticos y simbólicos, que el presidente considera de alcance histórico, están chocando con los arreglos coyunturales del candidato de MORENA a la gubernatura, especialmente las deudas de éste con los grupos de interés que se han agolpado en torno a la ambiciosa pretensión de hacer de la capital del estado el paraíso de la especulación inmobiliaria. Es el mismo grupo de interés que excitó todas las potencialidades delincuenciales de Guillermo Padrés para que, con atropellos descarados a la ley y con persecución política y encarcelamiento de yaquis, se sometiera a la tribu y a los habitantes del sur de Sonora. Acciones brutales que resultaron infructuosas. La defensa legal y la lucha social se mantienen vigentes y con la misma convicción de los últimos diez años.

Todo lo injusto ocupa de la torcedura de la ley y de la violación al Estado de Derecho. Así es como se troqueló el Acueducto Independencia, cuya injusticia no solo estriba en que atenta contra el decreto de Lázaro Cárdenas. Su daño mayor es que no le aporta más agua a Sonora, por el contrario, profundiza la brecha hídrica ya existente en el estado y con ello trastoca el desarrollo regional y disminuye aún más las posibilidades de crecimiento económico en la entidad. Aunque posibilite inflarles aún más el vientre y los bolsillos a los especuladores inmobiliarios de la capital del estado.

Es momento de que funcionarios y actores políticos salgan del conflicto que los hace ver patéticos. Fortalezcamos el trazo de la política orientada a la gestión de más agua con la desalación y proyectos de gran calado como el Plan Hidráulico del Noroeste, (PLHINO).

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