#DespiertaSonora
Ante el fracaso de los directivos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino y Hugo Aguilar, en lograr que la tribu yaqui renuncie a su lucha y a su alianza con los productores rurales y la sociedad civil en la defensa de las aguas del Río Yaqui y en contra del despojo del recurso que se realiza por medio de la operación del Acueducto Independencia, los funcionarios decidieron sacar de su portafolio la carta ya programada del fantasma mediático de una posible afectación de tierras –para supuestamente restituirle territorio a la tribu- sobre propiedades, ejidos y poblados establecidos en el Valle del Yaqui. La divisa es simple y rudimentaria: los enfrento; los divido, propicio el caos, y luego les quito el agua.
En el guion, hay más locura que malicia. Se va más allá del esquema de ricos contra pobres y se empuja a los yaquis en contra de toda la vida social y económica del sur de Sonora, de la que la tribu forma parte. Una invitación al aislamiento social y político para debilitarlos; llevarlos a la condición de “parias irredentos”, estigma de desprecio en contra de la etnia tantas veces denunciado por la investigadora Raquel Padilla. En el descabellado empeño de usar a la tribu como grupo de choque, no se practica la austeridad republicana. A partir del miércoles 17 de marzo y durante cuatro días, los funcionarios del INPI le ordenaron a la SEDATU que publicara en diez páginas de plana entera, en un medio local, los edictos en los que se informa del inicio de procesos judiciales para las posibles afectaciones. Tan solo publicar el espantapájaros mediático les llevó más de dos millones de pesos.
La operación contrainsurgente de los directivos del INPI, apunta en dirección a la destrucción del Pacto de Río Yaqui, documento firmado en el cauce del río el 5 de mayo del 2010, por autoridades tradicionales e integrantes de la tropa yoreme, junto con el Movimiento Ciudadano por el Agua y productores rurales del sur de Sonora. En el prólogo del documento que le da forma al pacto, se reconoce que la pretensión de desviar las aguas del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, con el Acueducto Independencia, atenta contra el decreto de Lázaro Cárdenas que desde la construcción de la presa La Angostura le asigna uso y destino a las aguas del Río Yaqui para el beneficio de la tribu y de las actividades productivas del sur de la entidad.
El 17 de junio del mismo año, Cuauhtémoc Cárdenas, respaldó con su firma los propósitos y contenidos del pacto. Sostuvo entonces que la presa del Novillo fue construida para la generación de energía eléctrica, por lo cual la construcción de un acueducto solo haría que el gobierno atropellara los propósitos para los que fue edificada. Manifestó también que su compromiso familiar con la tribu yaqui lo hacía sumarse a la lucha por la defensa del agua y el territorio indígena, avalados por decretos expedidos cuando su padre fue presidente de la república. Desde entones el Pacto del Río Yaqui ha mantenido unificada a la tribu con los productores rurales del Valle del Yaqui y los habitantes de toda la región, en la defensa del agua, en contra del Acueducto Independencia y a favor de una política que unifique a los sonorenses en torno a la gestión de más agua con proyectos tecnológicos de desalación y obras de gestión como el Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO).
Con el decreto del presidente Cárdenas, se protegió en forma definitiva los derechos ancestrales de la Tribu Yaqui a la tierra y el agua. El 10 de junio de 1939, reunido en el pueblo de Pótam, Cárdenas le da lectura a un documento dirigido a los gobernadores tradicionales, en el que les explica la imposibilidad física de que se reconozcan los linderos tradicionales establecidos por la Corona en 1740, en tanto que en el transcurso de los 200 años posteriores se establecieron y radicaron distintos núcleos de población autorizados por los gobiernos anteriores. Invita a la tribu a que se liquiden definitivamente las diferencias que han existido entre la etnia y el resto de la población mexicana, “para mantener el conjunto en perfecta armonía y dar así mayor fuerza a nuestra propia nacionalidad”.
La perfecta armonía procurada con las resoluciones de Cárdenas, para que el destino de las aguas del Río Yaqui alimentara la coexistencia de los yoremes incorporándolos a la dinámica productiva del Valle del Yaqui, es la que buscan destruir los directivos del INPI induciendo un enfrentamiento de la etnia con los pueblos y habitantes del sur de Sonora. En la instrumentación del Plan de Justicia, han cuestionado todo: el decreto de Cárdenas, la asignación y títulos de concesión de agua para la producción de alimentos en el Valle del Yaqui, la territorialidad y hasta la construcción de las presas sobre la Cuenca del Río Yaqui.
Lo único que han defendido en forma franca y descarada es la operación ilegal del Acueducto Independencia. Y lo han hecho con expresiones que se ubican en los linderos de lo insano, como cuando Hugo Aguilar sostuvo que “afectan más las presas construidas sobre la Cuenca del Río Yaqui que el acueducto independencia”.
Afortunadamente, la lucha conjunta, animada por el Pacto del Río Yaqui, no le hace mucho eco a las provocaciones de los que quieren desatar el pandemonium en la región, como si al país le hiciera falta más violencia y división.