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ENTRETELONES

Ago 11, 2021

GRADUAL Y VOLUNTARIO

SAMUEL VALENZUELA / COLUMNISTA

#DESPIERTASONORA

Es creciente la inquietud social respecto a la decisión presidencial de regresar a clases presenciales a partir del 30 de agosto próximo, prefigurándose escenarios riesgosos para comunidades escolares, dada la tendencia al alza de contagios de la variante Delta del Covid-19 entre menores de edad. 

Hemos revisado un altero así de información alusiva al proyecto de reingreso a las aulas en Sonora, luego del determinante “llueva, truene o relampaguee” que espetó el presidente y podemos resumir varias lecturas, siendo la principal que para iniciar clases presenciales se aplicarán criterios de gradualidad, serán escalonadas y sujeto a la decisión voluntaria y expresa de los padres de familia. 

Gradual, porque la reactivación será en función del estado físico de los planteles, atendiendo factores casuísticos como espacios, ventilación, servicios sanitarios, entre otros; escalonado, porque se determinarán horarios para determinado número de alumnos a lo largo de la jornada, y voluntario, porque será decisión de cada padre de familia enviar a sus hijos a la escuela o de forma expresa informar que los mantendrá en clases virtuales. 

A 20 días del arranque, en la SEC se trabaja a marchas forzadas para tener a punto todo lo que corresponde a los procesos enseñanza y aprendizaje y a través de los Consejos Técnicos, determinar acciones que correspondan en dicho ámbito, a partir de que cada escuela cuenta con características especiales y distintas en cuanto a su infraestructura, matrícula y demás. 

De hecho, en los 13 meses de pandemia, el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ha trabajado en la reconstrucción, rehabilitación y adecuaciones en 740 planteles de nivel básico en las que se han invertido 405 millones de pesos; actualmente están en proceso 205 acciones, 154 están por contratarse y están a la espera de que se autoricen otros 183 proyectos, trabajos que comenzarán una vez aprobados. 

Corresponde a la Secretaría de Salud determinar condiciones sanitarias y su seguimiento, medidas para rectificar o ajustar, en tanto que al ISIE, acondicionar, reparar, reconstruir, remodelar infraestructura a partir de que cada plantel tiene necesidades particulares, todos bajo la perspectiva fundamental y directriz de la gobernadora Claudia Pavlovich: ante una decisión tomada, ofrecer condiciones lo más seguras posibles para las comunidades escolares.  

O sea, pudiera considerarse como tremendismo la reacción lógica y natural ante un regreso a clases presenciales cuando escala el pico de la tercera ola de la pandemia con una variante más virulenta, pero en lo que respecta a la instancia estatal, se aplican estrictos criterios para eliminar riesgos, que ya a partir del 13 de septiembre, corresponderá a la nueva administración hacer los ajustes correspondientes en favor de la salud y vida de población estudiantil de esta entidad. 

Como sea, si así fuera el caso, si tuviéramos hijos en edad escolar, nuestra decisión sería esperar un poco más para ver cómo se desarrolla la expansión de la pandemia, si la vacunación aminora su embate; si la tercera ola reduce su impacto y si los reportes de las escuelas ofrecen condiciones sin riesgos mayores, que como bien se dice, si la educación virtual deriva en rezago en la formación académica, eso será preferible que ver a un hijo padeciendo el contagio o peor, que muera. 

Mientras tanto, excelente la propuesta dada a conocer por el gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, respecto a que mediante una inversión de entre 10 y 12 millones de pesos en cada uno, se instalarán parques solares en 40 municipios serranos a través de una empresa estatal de nueva creación que ofrecerá servicio de energía eléctrica sin conectarse a la CFE en esas localidades, ya que la producción de energía no rebasará los 5 megawatts. 

Cómo es que no se le había ocurrido eso a nadie hasta ahora, pensamos al bote pronto, pero luego caímos en cuenta que hay notables avances que ha abaratado la tecnología para la generación de energías limpias y que hay condiciones de mercado favorables para ese tipo de proyectos, que al parecer Durazo Montaño quiere aprovechar. 

De acuerdo a sus declaraciones, se trata de un programa de dos etapas para producir energía solar para distribuirla entre habitantes de 20 municipios en la primera fase, estrategia que no requiere autorización de la CFE ya que no necesita conexión al sistema de transmisión de alta tensión. 

Aseguró que actualmente ya se cuenta con un estudio que arroja ahorros de hasta el 50 por ciento de energía eléctrica a las familias beneficiadas e inclusoanunció que el plan piloto iniciará en Bavispe con el tendido aproximado de una hectárea de paneles solares. 

No es cualquier cosa el que el gobernador electo vaya a contracorriente de una política presidencial que ostensiblemente ha rechazado alternativas amigables con el medio ambiente y eso hay que reconocerle, aunque en lo que a este común mortal respecta, persiste la sospecha de que se trata de la concertación de acciones que a la postre signifique la eliminación de tarifas subsidiadas de verano para en consumo doméstico en Sonora, bajo el criterio de que los beneficios deben ser para los que menos tienen. 

Por lo pronto, el anterior anuncio muestra el alto posicionamiento que tiene en el equipo del gobernador electo, Omar del Valle Colosio, quien suponemos es el origen de esa prepuesta dada su formación ecologista, que incluso lo tiene como dirigente estatal del partido verde. 

Por lo demás, sigue firme el plan presidencial de echar a volar la regularización de carros chuecos que saturan vialidades de las ciudades de este país, principalmente de los estados de la frontera norte y que se han convertido en factores fundamentales que inciden en la inseguridad pública, pero que para muchas familias resultan indispensables para su sustento y movilidad. 

Se asegura que la regularización iniciará en Baja California y se extenderá a Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y al modo presidencial, lo que se recaude por dicho trámite será para beneficiar a colonias pobres, sin que aún se sepa cómo se dispersarán dichos recursos. 

Por supuesto que esa es muy buena noticia, así como lo fue por allá a fines de los años 90 y seguramente ocurrirá igual que entonces y en las semanas siguientes se inundan esos estados con unidades traídas desde Estados Unidos listas para ser regularizadas, a no ser que se impongan topes en las fechas de ingreso e incluso se definan límites en los modelos y marcas de los vehículos. 

Y saben qué, ya concluido ese programa de regularización anunciado, de vuelta a empezar porque así como en el pasado, mientras no se acote la corrupción en aduanas fronterizas y estados y municipios se hagan de la vista gorda, a la vuelta de corto tiempo el parque vehicular de chuecos será el mismo. 

Sabe qué acuerdo busque el presidente para que esa regularización no afecte a los concesionarios de autos nuevos nacionales, pero así dijo, aunque es verdad que mientras el sistema bancario no derive flujos de crédito más baratos y accesibles, así como lo inaccesible de los altos precios de dichas unidades, la mayoría de la gente sólo puede tener carro si es chueco. 

Obvio que lo anterior no es generalizado, ya que abundan casos de autos de lujo que circulan por estas calles de Dios con placas onapafa y que tienen un valor incluso superior de autos nacionales. 

En materia de seguridad pública sin duda la regularización tendrá un muy buen impacto, ya que un alto porcentaje de los delitos que se cometen es usando esas unidades sin registro. 

Por lo pronto, lógica la reacción del presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores de Sonora, Don Roberto Gómez del Campo, quien en efecto considera que la regularización no resuelve de fondo el problema, si no al contrario, propicia el incremento del tráfico de dichas unidades a través de la frontera al haber mayor demanda por tales expectativas. 

Consideró indispensable que en cualquier proceso de regularización se respeten condiciones ya impuestas para importar autos usados, siempre y cuando sean de modelos anteriores y se paguen todos los derechos de importación y procurar no afectar más a la industria automotriz, después de un año de pandemia y muy bajas ventas.

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