Daniza Vega Félix #DESPIERTASONORA
Con una pena de entre 3 a 9 años de prisión se castiga el delito de desacato en el que incurrió Rosa Isela Trejo Navarro, delegada de Bienestar en Guaymas y Empalme, luego de que se negó a acatar una orden de un juez federal que ordenó aplicar a una menor de 15 años de edad la vacuna contra el Covid-19.
Los señores Gilberto Batiller Hernández y Miriam Ledezma Ibarra, padres de la menor, acudieron este viernes con la adolescente al módulo de vacunación ubicado en el Auditorio Ferrocarrilero, una de las tres sedes en Empalme en donde se aplica la vacuna contra el Covid, y al solicitar el servicio con el amparo en mano este le fue negado por la delegada regional de Bienestar.
Óscar González Ulloa, abogado de la familia Batiller Ledezma, informó que este mismo viernes por la tarde se le hizo del conocimiento al Juez de Distrito Decimoprimero que su determinación respecto a la suspensión de plano concedida a la menor quejosa para que de inmediato fuera vacunada con el biológico Pfizer se había desatendido por parte de la delegada regional de bienestar, Rosa Isela Trejo Navarro.
“Solicitamos al juez federal que se le dé vista al Ministerio Público de la Federación, ya que nos encontrábamos ante la presencia de hechos previstos por la ley como es el delito de desacato”, explicó González Ulloa.
Subrayó que con la negativa esta funcionaria federal es probable responsable en la comisión de un delito que se castiga con 3 a 9 años de prisión, así como destitución e inhabilitación al cargo de 3 a 9 años para desempeñar otro tipo de función pública.
Detalló que el Artículo 262 establece que: “Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.
Mencionó que el juez federal deberá iniciar de inmediato el trámite a esta denuncia, dando vista tanto al ministerio público federal, como a las autoridades referentes a los superiores jerárquicos de la funcionaria.
“Debe abrirse una investigación de manera oficiosa por parte de la Federación para efectos de que se le dé cumplimiento a un mandato del Poder Judicial Federal”, añadió el litigante.
Aclaró que en cuestión del amparo no hay un ámbito de competencia territorial, ya que la suspensión de este tipo de mandato judicial aplica en toda la república mexicana.
“Es como si fuera una orden de aprehensión aplica en cualquier entidad del País, ya que quien lo ordena es el Poder Judicial Federal, lo que significa que los quejosos de este tipo de amparos pueden acudir a cualquier módulo del país, lo único que señala el mandato judicial es que haya disposición del biológico, lo cual existía al momento que lo solicitaron en la ciudad de Empalme, donde la funcionaria decidió no atender el mandato judicial”, recalcó el abogado cajemense.
González Ulloa resaltó: “Yo personalmente hablé vía telefónica con la delegada regional de Bienestar y ella me contestó que esa resolución no le ordenaba a ella en particular vacunar a la menor y que la familia debía acudir a otro centro de salud y señaló que ella les pedía que fueran a Hermosillo, lo que claramente es una mala interpretación legal de la funcionaria”.
Recomendó a los padres de familia que cuenten con un amparo para que sus hijos sean vacunados y se enfrenten a la situación de negativa por parte de los funcionarios responsables de aplicar el biológico, a notificar de inmediato a la autoridad judicial federal, como es el caso de la familia Batiller Ledezma, y en un momento dado también pueden dar aviso al 911, porque cualquier autoridad encargada de la seguridad debe de ser auxiliar del Poder Judicial Federal.
“En este caso la familia no lo hizo por temor a una represalia, ya que evidentemente no se encontraban en su lugar de origen, entonces se sintieron intimidados por la servidora pública, quien al parecer es de alto rango, pues dijo que es delegada regional de Bienestar y eso no es cualquier cosa”, finalizó González Ulloa.