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  • jue. Jun 30th, 2022

EL VALOR DE INSISTIR

SAMUEL VALENZUELA / COLUMNISTA

#DESPIERTASONORA

Resulta frustrante no encontrar respuestas y vaya que lo hemos intentado en diversas fuentes que suponemos están bien enteradas, además de escudriñar hasta donde la paciencia alcanza, el intrincado decreto de ley de ingresos del gobierno de Sonora para el año próximo sin dar con el dato y por eso seguimos en babia sobre si el Grupo México tributará en Sonora a partir del 1 de enero próximo. 

El sentido común nos dice que de haberse concretado la gestión anunciada el pasado 12 de octubre por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, aparecería en algunos de los rubros donde se desglosan fuentes y montos de recaudación y más tratándose de una cantidad bastante alta, si tomamos en cuenta que la empresa de Germán Larrea pagó en el 2020 casi dos mil millones de dólares de impuesto a la utilidad y sobre la renta. 

No tenemos idea si la totalidad de dicho monto se quedaría en Sonora en el caso de que el mencionado consorcio fijara en Sonora su domicilio fiscal, aunque suponemos que así es la cosa y no por nada el gusto y las grandes expectativas que generó la información del mandatario estatal, en el marco de las acciones del Plan de Justicia para Cananea, detallando que el 40 por ciento de los ingresos recaudados por esa mudanza, se aplicarían en dicha comunidad minera; el 30 por ciento en Nacozari y el 30 por ciento restante para combatir el hambre y la marginación en comunidades del sur de Sonora. 

Tenemos la esperanza de que no encontramos el dato porque somos muy majes en este y otros menesteres, con el agregado de que nuestras fuentes enmudecieron, pero que a fin de cuentas esa fuente de ingresos para el año próximo sí está en el decreto de ley que aprobó la 63 legislatura, tal como lo mandata la ley cuando se prevén ingresos adicionales por la vía impositiva. 

Y si no es así, pues valga la sugerencia con todo respeto al gobernador de Sonora para que insista en su gestión ante el Rey del Cobre II, que al fin y al cabo, si la concreta será cuestión de enviar al Congreso del Estado la adición o modificación correspondiente, que en términos generales, por el monto representará beneficios que hacen ver muy pequeño a lo conseguido por el eliminado Fondo Minero. 

En fin, nuestra insistencia para obtener la información mencionada no obtuvo resultados, ya que en la Gaceta Parlamentaria no aparece el documento votado por la representación popular sonorense ni hubo quien nos ilustrara al respecto, quedando solo la esperanza de que la gestión del gobernador sí haya fructificado y si no es así, que siga picando piedra y logre lo que no se ha logrado durante otras administraciones estatales que le entraron a dicho tema. 

Y la verdad es que dimos por bueno el compromiso firmado por Larrea con el fin de que la inmensa riqueza que su empresa extrae en el histórico mineral repercuta de mejor manera en la calidad de vida de los habitantes de esa comunidad y la de Nacozari, además de extenderse para combatir el hambre en el sur de la entidad. 

Es más, el mismo gobernador señaló que gestiones similares las hace con otras grandes empresas que tributan en otros Estados del país, pero que tienen fuerte presencia en Sonora y que representarían un respetable incremento de la captación fiscal y con ello, mejorar la capacidad y espacios para la operación de las finanzas estatales a cargo de Omar del Valle Colosio, quien dicho sea de paso, debió hacer milagros para que la cobija presupuestal cubriera lo más posible y así lograr la unanimidad del pleno legislativo.

El caso es que luego de varios días por rumbos de la Ciudad de México, se nos figura ofensivo de cómo se manifiesta el boom económico que deriva de la inequitativa distribución de presupuesto de la federación hacia los estados, lo cual debiera obligar a una revisión del famoso convenio de colaboración fiscal que permita una mayor concordancia entre lo que aporta Sonora en recaudación y lo que le retribuye el gobierno federal o sea, que corresponda eso que esta entidad esté entre las 10 primeras por su aportación el PIB nacional. 

El caso es que ojalá nos aclaren que en efecto, el Grupo México tributará en Sonora a partir del 1 de enero próximo y que por fin se dispondrán de recursos financieros mayores producto de la riqueza que se extrae del subsuelo sonorense, más allá de la generación de mano de obra y dispersión de lana por proveedurías, que para acabarla de fregar, muchas de ellas pagan impuestos en otros estados. 

Pues como una cosa lleva a la otra, en nuestros trajines investigativos, corroboramos que en efecto, el diputado Kiko Munro tiene razón en cuanto a que contrario a lo anunciado, en el presupuesto de egresos del Estado para el 2022, se mantienen las compensaciones a la nómina de la alta burocracia, sin que tengamos idea si en lo relativo a la perrada sí les dieron cuello. 

No solo no fueron eliminadas esas compensaciones, sino que además de permanecer, se aplican incrementos de cuatro mil pesos más respecto al presente ejercicio para directores generales; para subsecretarios el aumento es de casi nueve mil pesos más, en tanto que para los secretarios será de casi diez mil pesos más. 

A lo mejor se trata de una estrategia mediática que a la postre derive de un anuncio en el que quienes están en ese rango de nómina, renuncian públicamente a dicho beneficio que según Pitágoras, eliminar ese gasto corriente significará disponer de 500 millones de pesos más para ejercerse en obra pública. 

En esta danza de los millones que ya es tradicional en esta época del año, el Cabildo de Hermosillo aprobó por unanimidad el presupuesto de egresos para el próximo año por cuatro mil 113 millones 325 mil 299 pesos, que incluye políticas públicas que privilegian la austeridad, el rediseño de la estructura administrativa para reducir el gasto corriente y costos operativos. 

Bueno el cabildeo del alcalde Antonio Astiazarán quien en todo este contexto, satisface necesidades laborales de servidores públicos de la comuna al prever un incremento salarial del 4.3 por ciento e integrar al gasto proyectos para reducir el gasto por consumo de electricidad en edificios de la comuna mediante la instalación de paneles solares, así como impulsar el uso de gas natural en patrullas y en el transporte público, destacando la incorporación por vía de arrendamiento de patrullas que operarán con electricidad. 

En la sesión de cabildo se aprobó también la integración del Consejo Municipal de Participación Ciudadana por un periodo de 2 años con las siguientes personas: Miriam Teresa Domínguez, María Esperanza Molina, Pedro Ortega Romero, Eduardo Blanco Cervantes, María del Carmen Peralta, Carla Elena Celaya, Martha Patricia Huerta Núñez, Arturo Fernández Díaz González, Eduardo Tapia Romero y Enrique López Pérez. 

Por cierto, bien por nuestro amigo Ortega Romero, cuya experiencia es tomada en cuenta luego de la gachada, la marranada, que fue objeto de forma totalmente innecesaria, cuando le pidieron la bola de la rectoría de la Universidad Estatal de Sonora. 

Además de materializarse la fusión de cinco dependencias municipales con el fin de ser un gobierno más compacto, eficiente y que cueste menos al ciudadano, de destacarse que a partir de la próxima sesión, de un intérprete de lenguaje de señas que traduzca todo lo que se exponga en las sesiones de cabildo, con el fin de facilitar el acceso de dicho contenido a personas con problemas auditivos. 

Y mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador despotrica contra la ONU porque asegura no emprende acciones más decididas en contra de la corrupción, acá en sus dominios se da a conocer que el Banco del Bienestar otorgó por adjudicación directa un contrato de 18 mil millones de pesos a una empresa panameña con nulo historial y cuyo dueño es desconocido en el círculo empresarial de Panamá. 

El contrato de referencia es para que la empresa Global Recash preste servicios al sistema de cajeros automáticos de la entidad estatal, sin que Alfredo Urcuyo, supuesto dueño de ese negocio, esté relacionado con esa actividad ni tenga registros mercantiles en ese país centroamericano. 

Al estilo de la 4T, al darse a conocer dicha información, de forma por demás oportuna, la directora general de ese sistema bancario, Diana Álvarez Maury fue removida y enviada a otra responsabilidad mucho menor, en el marco de pestilente entorno que ya es común en Palacio Nacional. 

Para acabarla de amolar, luego que el gobierno gringo anunció recompensas de cinco millones de dólares por cabeza, para quien brinde información que lleve a la detención de los cuatro hijos de Joaquín Guzmán, sacó de su ronco pecho que de ninguna manera su gobierno permitirá la intervención de instancias extranjeras, ya que ese asunto es exclusivo de México. 

O sea, ratifica su lealtad a lo que representa el Chapo Guzmán y su banda, como extensión a aquella decisión donde ya detenido uno de los vástagos del narco preso en Estados Unidos, ordenó su liberación argumentando la necesidad de evitar muertos en el conocido culiacanazo.

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