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  • mié. May 25th, 2022

RUTINAS

SAMUEL VALENZUELA / COLUMNISTA

#DESPIERTASONORA

No resulta extraño que el presidente Andrés Manuel López Obrador considere como rutinario el que sea sometido a un cateterismo cardiaco, si a principios del 2020 aseguró que el Covid-19 no representaba ningún riesgo y calificar como amarillistas a quienes atribuían letalidad a dicho virus. 

A lo mejor algo ha aprendido en estos dos últimos años luego de más de 303 mil decesos oficialmente reconocidos y que sube a más de 450 mil con los no oficiales, ya que luego de ese procedimiento médico “de rutina”, dejó en claro que se siente en peligro de morir, al grado de anunciar que ya tiene listo su testamento político, que no es otra cosa que el instructivo de lo que se debe hacer en México en caso de que se cumplan sus presagios. 

Maniobra mediática o simplemente realismo sobre su estado de salud, eso del testamento político muestra el estado crítico de su megalomanía y su enfermizo patrimonialismo, como si el país fuera de su propiedad, sumándose así a otros personajes de la historia reciente que incurrieron en tales estupideces, como son los casos de Hitler, Francisco Franco, Stalin y otros por el estilo. 

En que cabeza cabe que un testamento político “para garantizar la gobernabilidad” esté por encima de las instituciones y las disposiciones constitucionales, que prevén la desgracia de la muerte del presidente en turno y que establece, que tratándose de estas alturas del sexenio, quien asuma la presidencia será el Secretario de Gobernación César Augusto López y tan-tan, no faltando esos expertos en ciencias médicas que recomiendan que además del cateterismo cardiaco, el presidente debiera ser sometido también a un cateterismo cerebral. 

Nunca un cateterismo cardiaco será de rutina así en torno a la mesa de operaciones estén una docena de especialistas y se realice con tecnología de punta, y tampoco debería ser de rutina –como se comprobó—atender una emergencia sanitaria con una fallida y mortal estrategia, ni hacer rutinaria la forma como atender el reto del crimen organizado. 

Rutina son las mañaneras y sus catilinarias y peroratas; rutina son los ataques a las clases medias, a instituciones de investigación científica y tecnológica, a los fifis, liberales y conservadores, a los aspiracionistas, rutina es su frivolidad y simplismo; rutina es mentir a diario y engañar a diario con fines de manipulación. 

Sí, instalar mesas de diálogo para encontrar soluciones a problemas se ha convertido en una rutina en estos tiempos, donde instancias de gobierno están obligadas a escuchar y a concertar respuestas, las cuales por lo regular no llegan o se demoran. 

Conciliar a contrarios y sumarlos a un solo objetivo es parte fundamental de la gobernanza, y el diálogo, con mesa o sin mesa, es la vía para lograrlo, además que hay otros espacios similares en donde sin ser contrarios, por representar facultades distintas, en calidad de coadyuvantes asumen acuerdos sobre cómo alcanzar objetivos. 

Luego de más de tres años resulta indubitable la inutilidad de las mesas por la paz y la seguridad, ejercicio rutinario de cada día que consiste en determinar acciones conjuntas en contra de la criminalidad, en función de diagnósticos sobre la ocurrencia de hechos de alto o bajo impacto, aunque para los efectos de Sonora han servido para maldita la cosa. 

Para la mofa social ya solo sirven los reiterados anuncios de la titular de Seguridad Pública, María Dolores del Río y de la Fiscal, Claudia Indira Contreras, sobre la instalación de una mesa ya convertida en itinerante, porque se instala un día en Cajeme, otro en Guaymas, otro en San Luis Rio Colorado y así, luego de cotidianos homicidios dolosos en vía pública. 

También se han convertido en rutina los posicionamientos sobre compromisos de coordinación, colaboración y cooperación entre ellas y el resto de las instancias de combate al delito y procuración de justicia, sin que trasciendan en una cruenta realidad que tiene a Ciudad Obregón en la segunda ciudad más violenta del país y que a diario se perpetren homicidios dolosos con el obvio sello del narcotráfico. 

Pero si les sirve de consuelo, eso está ocurriendo en todo el país en el marco del monumental fiasco de una política gubernamental fallida a pesar de una militarización que a fin de cuentas vino a agudizar esa problemática, que en poco más de tres años ha cobrado casi 110 mil muertos contados, más los que se acumulen si son encontrados sus cuerpos en el cementerio clandestino que han convertido a vastas regiones del país. 

Como ven, la rutina presidencial de reunirse todas las mañanas con mandos militares y de seguridad pública y que se replica en los Estados y en municipios, de poco han servido, aunque no faltan por ahí quienes especulan sobre qué ocurriría se tales reuniones no se llevaran a cabo. 

En todos los casos, la improvisación no es buena consejera en la ejecución de políticas públicas y menos donde está en juego la vida de personas y ese contexto se encuentra la señora del Río, pero como dicen sus defensores, ella simplemente es una ejecutora, una operadora de lo que diseña y ordena el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en función de su experiencia como Secretario de Seguridad Federal y responsable de formular la estrategia en dicho rubro a nivel nacional. 

Por supuesto que muy poco ayudan personajes como por ejemplo Santos González Yescas, presidente municipal de San Luis Río Colorado, quien considera que medios de comunicación son responsables de la creciente violencia en esa frontera, por informar a la sociedad sobre ejecuciones e incluso recomienda solo creer lo que de a conocer su administración y lo mismo se ha dicho en Cajeme. 

El problema mayor es que debido al evidente fracaso de dicha rutina, la percepción popular extiende su incredulidad sobre la utilidad de ese ejercicio aplicado en otras situaciones donde el gobierno debe intervenir para poner las cosas en orden, cuando ya hay quienes proponen la instalación de una mesa de diálogo para determinar si sirven de algo las mesas para la paz y la seguridad. 

Al menos las mesas para atender a la tribu yaqui y a Cananea derivaron en planes de justicia, con el riesgo de que dicha rutina quede en muy poco que escribir a casa o que tarde muchos años en escribirse, aunque hay que reconocer que se observa cierta actividad y avances en el cumplimiento de compromisos, quedando pendiente atender y resolver exclusiones.

En el Plan de Justicia para la Tribu Yaqui se han enredado las cosas porque en sus proyecciones no hubo la inclusión de todos y se violaron cuestiones elementales de sus usos, costumbres y tradiciones y tenemos entendido que ya se procura resolver los entuertos derivados, que incluye un amparo contra dicha estrategia ya concedido. 

En Cananea tuvieron que pasar casi cuatro días para que por fin fueran atendidos integrantes de la extinta sección 65 del sindicato minero que causaron gigantesco embotellamiento sobre la carretera a Ímuris y a Agua Prieta, hasta que el gobernador Durazo consiguió sentar en una mesa de diálogo al secretario de gobernación César Augusto López; a Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y al corrupto senador Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Comité Nacional de Mineros, así como a liderazgos de dicha movilización. 

Hubo un acuerdo: integrar una mesa de negociación en la que representantes del gobierno federal, Grupo México y “Napito” den solución al conflicto laboral que data desde el 2007, que por lo pronto, hizo que se eliminaran los obstáculos y se permitiera el tránsito de miles de vehículos que estaban varados y que amenazaba con discordias mayores. 

Pero si vemos lo que ocurre con la tribu yaqui que a pesar de la mesa de diálogo y plan de justicia ya retomaron sus retenes para el cobro de cuotas a usuarios de la carretera de cuatro carriles, habrá que ver el tamaño de la paciencia de exmineros Cananea, no descartándose la instalación de otra mesa de diálogo para que sean incorporados al plan de justicia correspondiente. 

Y aceptamos sin mayor problema nuestra omisión, de lo que para amigos que se han comunicado a este espacio, fue lo medular de los dichos de la conferencia de prensa del miércoles pasado por el contralor Guillermo Noriega Esparza, que si bien registramos en nuestros apuntes, los consideramos como obvios y por eso se nos pasó bordar sobre ese fraseo. 

En efecto, no incorporamos a la estructura de los Entretelones la sesuda consideración del Memo, respecto a que ningún cargo exime de responsabilidad ni garantiza impunidad en caso de actos de corrupción, todo en referencia a su berrinche por el anunciado nombramiento de la exgobernadora Claudia Pavlovich como cónsul de México en Barcelona, España, y tiene razón el funcionario estatal. 

@Samvalor

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