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ENTRETELONES

Feb 15, 2022

OCURRENCIAS

SAMUEL VALENZUELA / COLUMNISTA

#DESPIERTASONORA

A lo mejor podría diseñarse un mecanismo que permita determinar de forma aproximada el monto que se recauda en las piolas de peaje que operan presuntos integrantes de la tribu yaqui para permitir el tránsito sobre la carretera de cuatro carriles a lo largo de su territorio. 

En alguna ocasión nos aseguraron que en un día promedio, en la piola de Vícam caían en los botes alrededor de 100 mil pesos, monto que se incrementa en el caso de la piola de Loma de Guamúchil, en donde es más inflexible la cobranza de 100 pesos por vehículos de carga y 50 para los restantes, aunque tales montos podrían determinarse con mayor precisión sin mayores problemas. 

El caso es que alguna lucecita se encendió en la sesera del presidente Andrés Manuel López Obrador y así dar a conocer la fórmula, para que luego de tantos años –desde que tenemos memoria periodística y antes de la ampliación a 4 carriles de la carretera 15—integrantes de la etnia dejen de cobrar derecho de paso, que en sus inicios se incluía la posibilidad de pago prendario. 

Recordamos una ocasión en que con mi papá el volante y toda la familia en una troquita de redilas, íbamos rumbo a Yécora, que en esos tiempos era obligado ir por la carretera Esperanza-Hornos- Rosario-la Sierra Oscura-Yécora, fuimos interceptados en donde ahora creemos es Vícam, por un grupo de yaquis y como dinero no había mucho, Don David les ofreció el trueque de 10 cañas a cambio de que nos dejaran seguir y aceptaron. 

Pues esa añeja cobranza podría estar por desaparecer, toda vez que el presidente se comprometió a que a cambio de que se levanten esos plantones recaudatorios, el gobierno estatal o el federal les entregará de forma directa el monto de lo que colectan en obras o algo así, pero que de ninguna manera intervendrá la fuerza pública. 

Hasta ahora esa es la más desolotada fórmula para liberar el tránsito sobre territorio yaqui que hemos escuchado y por supuesto que será aceptada por unanimidad, ya que independientemente que las instancias de gobierno paguen religiosamente lo convenido, dichos retenes seguirán operando, y se aceptan apuestas. 

Se nos figura que la mejor opción era aquella de reubicar la caseta de cobro de Esperanza a un lugar entre Loma de Guamúchil y Vicam, y que un buen porcentaje de lo recaudado fuera administrado por las autoridades tradicionales y aplicado en obras de beneficio para las comunidades, sin que tengamos idea de porque fue eliminada. 

Dentro de toda la estrategia que se indexa al plan de justicia para la etnia, está la esta sí seria propuesta del gobernador Alfonso Durazo Montaño, de crear una zona económica, un corredor industrial a lo largo de la carretera, en donde se desarrolle la actividad maquiladora y de servicios que genere empleos y evite los actuales traslados de trabajadores yaquis hasta Guaymas o Empalme. 

Bajo las circunstancias actuales, cuando grupos de la etnia obligaron la costosa reubicación de la ruta del gasoducto y el arraigado sentido de pertenencia sobre su territorio, además de la conveniencia de recibir apoyos del gobierno sin trabajar, a lo mejor podrían ser pocos los inversionistas que se atrevan a ser parte de ese corredor industrial, pero con uno o dos bastarían y en esas debe andar el gobernador. 

Pero como con dinero baila el perro, ya se verá cómo se llega al convencimiento de levantar la piola a cambio de lo que recaudan sin pasar horas recibiendo mentadas, y a la vez ser seducidos por la operación de maquiladoras en su territorio e incluso que se construya un parador en donde se ofrezcan servicios a viajeros y que de ahí salga para pagar la operación del nuevo distrito de riego ¿?. 

A lo mejor está más peladita la aplicación de la misma fórmula que el presidente ofreció a la tribu seri, que en pocas palabras consiste en cubrirles en dinero contante y sonante las ganancias que obtienen por el mercadeo de cintillos de caza, que según esto son alrededor de 10 millones de pesos anuales, a cambio de ya no permitir la caza del borrego cimarrón, venado bura y hasta berrendo. 

Bien eso de entregar a los seris esos 10 o 12 millones de pesos al año y que ese dinero no se quede en tan pocas manos, pero en lo otro, de plano el presidente debería de asesorarse mejor en materia de caza cinegética, cuyo objetivo principal es la preservación de especies, práctica que en la región seri ha permitido sustancial recuperación de esas especies que la caza furtiva estuvo a punto de extinguir. 

Tenemos entendido que por los estrictos controles y permisos que rondan los 50 mil dólares, al año sólo se permite cazar una docena de borregos cimarrones, más los que los seris se ejecutan, así como lo hacen con las cahuamas, hay un buen control en la conservación de especies protegidas de esa región, lo cual podría cambiar de forma radical si se aplica la ocurrencia presidencial, cuando el furtivismo siempre está al asecho y nada dispuesto a dejar el 30-06, o el .270, por una cámara Nikon o Canon. 

Mejor la vamos a dejar de ese tamaño, porque más concreto y lejos de ser un anuncio más, está el acuerdo firmado por el Ayuntamiento de Hermosillo con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para que se apliquen auditorías en tiempo real a obras, que con una inversión de 550 millones de pesos están previstas y otras en proceso en el Plan Hermosillo CRECE. 

El presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez presidió el evento donde estamparon sus firmas Astarté Corro Ruiz, Coordinadora de CIDUE, y Flor Ayala Robles Linares, Tesorera Municipal, mientras que por el ISAF lo hizo María Judith Rivera Piri, Directora General de Obra Pública. 

De esta forma, cualquier hermosillense interesado podrá conocer no solamente lo que la Ley de Transparencia obliga a hacer público, sino también accederá a información adicional importante como quién es el contratista, la calidad constructiva y el cumplimiento o no del calendario de trabajo. 

Sí, tiene toda la razón el munícipe capitalino al subrayar que la transparencia es el mejor antídoto en contra de la corrupción y qué mejor que el ISAF supervise en tiempo real la ejecución correcta de cada uno de los proyectos del plan Hermosillo CRECE, en el cual como se sabe, confluye la participación de miles de ciudadanos organizados en comités que es la instancia donde se definen las prioridades. 

Así las cosas, auditores del ISAF deberán revisar minuciosamente los documentos que se generen durante la ejecución de obra, como licitaciones y contratos, y además de realizar verificaciones físicas y control de calidad, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas. 

Y de plano se le hizo bolas el engrudo al presidente López Obrador en su pretensión de rescatar su falsario discurso de austeridad y de anticorrupción, al verse en la necesidad de construir una coartada al vapor para deslindar a su hijo José Ramón de irregularidades en la asignación de contratos de PEMEX a una empresa petrolera en Houston. 

De forma por demás sorpresiva y luego de más de 15 días de cavilarlo, de pronto el presidente dejó atrás el cuento de que el lujoso nivel de vida de su hijo se debía a que su esposa Carolyn Adams es rica, para ahora de mantenido y de gigoló aparecer como asesor jurídico de una empresa propiedad de los hijos de un empresario cercano a sus afectos. 

Sí, así como lo lee, hace 17 días López Obrador solo sabía que su vástago José Ramón López Beltrán era mantenido por una señora que “al parecer tiene dinero” y ahora reconoce que trabaja para la empresa KEI Partners LLC, creada el 15 de octubre de 2018, dos meses antes de que asumiera la presidencia, y que uno de sus directores, Iván Octavio Chávez, es hijo de Daniel Chávez Morán, principal accionista del corporativo Vidanta, quien dicho sea de paso, es el empresario consentido en turno del Palacio Nacional

Resulta por demás extraño que hasta hace un par de semanas López Obrador no sabía del oficio ni beneficio de su hijo y ahora reconozca que está ligado como asesor jurídico a la familia del poderoso empresario, que sin remuneración alguna, dice, supervisa las obras del tren Maya, la de las Islas Marías, que opera el Mayan Palace en Puerto Peñasco, además de ser el donante de las dos mil hectáreas donde se supone ya se construye la gigantesca granja fotovoltaica en Sonora. 

Muy torpe la coartada y peor la estrategia de control de daños y manejo de crisis, luego de los derivados de la embestida presidencial en contra del ejercicio periodístico crítico y sí, entre más arrinconado está, el desequilibrado se torna más violento, tal como quedó en evidencia en su mentirosa catilinaria de la mañanera de este lunes.

Cierto que cuando caes a un pantano, en tanto más te muevas más pronto te vas a hundir y eso están haciendo con el presidente sus asesores, con todo y su posicionamiento firmado por gobernadores y la gobernadora emanada de MORENA, que resucita a prácticas del más conspicuo priismo ochentero, y qué decir que el hijo incómodo se haga pasar como asesor jurídico, que se diga profesional de la abogacía en ejercicio, sin contar con el reconocimiento de los organismos que tutelan esa práctica y que son sumamente estrictos en Estados Unidos. 

Aún falta mucha tela para cortar en este truculento episodio, donde el presidente pretende negar corrupción en su administración y su familia y a la vez aporta pruebas que demuestran que chapotea en ese atascadero, que en el caso de la austeridad, mejor ya de plano no dice nada, aunque hay que esperar las siguientes mañaneras, porque a lo mejor recuerda algo más de las andanzas de su retoño o simplemente sus operadores afinan tan charrascalosa coartada, luego que el remedio les resultara peor que la enfermedad.

@Samvalor

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