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LO DE LA “MANZANA ENVENENADA”, NO FUE METÁFORA

Mar 1, 2022

ALBERTO VIZCARRA / COLUMNISTA

#DESPIERTASONORA

En la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al territorio yaqui, el pasado domingo 13 de febrero, para supervisar los avances de su Plan de Justicia a los Pueblos Yaquis, ganó notoriedad el desplante hecho por el presidente, cuando sin el más mínimo protocolo de cumplimiento a los procedimientos institucionales, dijo que le llamaría al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para pedirle que desechara los amparos otorgados por un juez de distrito a los integrantes de la tribu yaqui y a directivos de la Iglesia Tradicional que se inconformaron contra el decreto presidencial del 28 de septiembre del 2021.

El escándalo en torno a la transgresión del presidente,  encubrió otro escándalo igual o peor, relacionado con los procedimientos tramposos con los que se ha desplegado CONAGUA y el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), quienes han utilizado el Plan de Justicia como un instrumento para forzar a la tribu a que termine por aceptar el despojo de sus aguas con la operación ilegal del Acueducto Independencia. Ese mismo domingo 13 de febrero, el sub director de CONAGUA, Aaron Mastache Mondragón, acompañando al presidente en su visita a los yaquis, junto a gran parte del gabinete y con la presencia del gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, tuvo a su cargo la presentación del presupuesto estimado en el proyecto de beneficios a la tribu, aprobado por la Secretaría de Hacienda.

En su presentación, Mastache, se valió de una imagen gráfica para ilustrar las obras y los ritmos de inversión proyectados en el Plan de Justicia a los Pueblos Yaquis. La gráfica, que se rotula  Cronograma de Inversión 2022 y 2023, en el orden de prioridades para “beneficiar a los yaquis”, presenta en primer lugar  inversiones destinadas a la realización de modificaciones técnicas que refuercen y permitan en todo momento la operación del Acueducto Independencia: añadirle al bombeo vertical ya existente, un bombeo flotante sobre el vaso de la presa del Novillo que garantice la operatividad del acueducto, aún en la situación de que los niveles de la presa desciendan a condiciones críticas por efectos de una mayor profundización de la sequía.

Al momento de dar la secuencia de las inversiones, el funcionario federal, tuvo el temor de mencionar la soga en la casa de los que pretenden ahorcar. A pesar de traer incluidas las inversiones en el Acueducto Independencia como parte del Plan de Justicia para la etnia, no lo mencionó.  Áaron Mastache se mostró tan mañoso como desvergonzado y no menos abusivo que los directivos del INPI, Adelfo Regino y Hugo Aguilar, quienes se aprovechan de las vulnerabilidades de la tribu para que acepten el despojo de sus aguas con la operación ilegal del acueducto a cambio de las promesas contenidas en el Plan de Justicia.

Ahora el descaro rompió con toda proporción, al incluir ilegalmente en el Plan de Justicia para los yaquis, una obra con la que se pretende afianzar el despojo del agua a la etnia; maniobra infame para envolver de bondad propósitos perniciosos. Actos que brillan más cuando ocurren al calor del incesante estribillo del “no somos iguales”.

Desde que se dio a conocer el Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, los directivos del INPI y luego el presidente Andrés Manuel López Obrador, se sumaron a la secuencia de las ilegalidades cometidas por Guillermo Padrés, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en el propósito de hacer valer una política hídrica neoliberal llevándose el agua del Río Yaqui a donde prometa mayor renta monetaria, sin importarles las afectaciones sobre la tribu y las actividades productivas del sur de Sonora. Desde entonces, el Movimiento Ciudadano por el Agua, junto con los productores rurales y la tribu yaqui, señalamos que en esas condiciones el Plan de Justicia resultaba la proverbial manzana envenenada. Y la presentación de Áaron Mastache, el domingo 13 de febrero en el Pueblo de Tórim, frente al presidente, el gobernador del estado y gran parte del gabinete federal, se encargó de confirmarlo.

Movimiento Ciudadano por el Agua

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