fbpx
  • lun. Jun 27th, 2022

Misión imposible del INPI: imponer el Acueducto Independencia a nombre del Plan de Justicia

May 18, 2022

ALBERTO VIZCARRA OZUNA / COLUMNISTA

#DESPIERTASONORA

Los directivos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino y Hugo Aguilar, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en sus manos la instrumentación del Plan de Justicia para los Pueblos Yaqui, asumieron la encomienda de que los apoyos a la tribu tendrían que ser a cambio de que los yaquis abandonaran la defensa jurídica y social en contra de la operación ilegal del Acueducto Independencia, obra que desde la parte media de la Cuenca del Río Yaqui le quita el agua a la etnia, a los productores rurales y a los habitantes del sur de Sonora.

Licuar acciones de asistencialismo a la tribu a cambio de que se acepte la imposición ilegal de una obra que le cancela el futuro a la etnia y al sur de Sonora, es como querer homogeneizar el agua con el aceite y luego pedirle a la tropa yoreme que se tomen ese licuado sin hacer muecas. Hay una polaridad incompatible entre el propósito discursivo de justicia para los pueblos yaquis y los alegatos militantes de los directivos del INPI a favor del Acueducto Independencia.

Quieren lograr la hazaña de juntar el agua con el aceite, usando como emulsificantes presiones desmesuradas sobre la tribu, algunas que se empatan con procedimientos de terror, persecución, encarcelamientos, mentiras sistemáticas, chantaje, ofertas de dinero, propiciando un clima de tensión y división en el que se han registrado asesinatos a reconocidos voceros de los pueblos yaquis, como Tomás Rojo Valencia y Luis Urbano Domínguez, quines se destacaron en la defensa del agua y en contra de la imposición y operación ilegal del acueducto.

En la tarea por terminar de convertir al Acueducto Independencia en una realidad de fuerza, los directivos del INPI, con sus tres años al servicio del gobierno de López Obrador, han completado una década de hostigamiento, violaciones a la ley, a los usos y costumbres de la comunidad indígena, con procedimientos iguales y en muchos casos peores que los utilizados por los gobiernos de Guillermo Padrés, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. No hay recato, tampoco decoro y sí mucha obscenidad en la misión de lograr que el acueducto sea impuesto. La mentira es campante y descarada: todo le afecta a la tribu yaqui, menos que se le sustraigan millones de metros cúbicos anuales  desde el sitio del Novillo, en la parte media de la Cuenca del Río Yaqui, para desviarlos a nutrir y engordar las grandes inversiones especulativas en proyectos inmobiliarios de una minoría ambiciosa que se propone hacer de la ciudad de Hermosillo el paraíso de los negocios fáciles

Como lo fue en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, CONAGUA es el cómplice perfecto del INPI. Ni las fuertes cachetadas de la tremenda sequía que padece Sonora y todo el norte de México, los hacen reaccionar. Obedientes a los mandatos del dinero y de los intereses privados que se están apoderando de la Cuenca del Río Yaqui, Adelfo Regino y Hugo Aguilar, consienten -al momento en que descienden los embalses de las presas- que se retengan cientos de millones de metros cúbicos, de la poca agua existente, en la Presa del Novillo para asegurarle los niveles de operación al acueducto, sin importarles que esto castigue a los requerimientos de la parte baja de la cuenca donde se ubica la tribu, los siete municipios del sur de Sonora y los productores rurales de los valles del yaqui y del mayo.

Cada vez que se anuncia la visita de López Obrador al territorio yaqui, los directivos del INPI intensifican sus presiones en contra de los yaquis que disienten del decreto del presidente que contradictoriamente les ofrece más agua pero se niega a cancelar el Acueducto Independencia. Previo a la visita presidencial de febrero de este año, activistas del INPI al interior de la tribu, presionaron e incluso retuvieron por la fuerza a representantes de la Iglesia Tradicional del Pueblo de Pótam, para que se desistieran de los amparos interpuestos en contra del decreto presidencial. Los yaquis no se han desistido de sus acciones legales en contra del decreto contradictorio del presidente, tampoco de los interpuestos en contra de la operación del acueducto, por el contrario han desconocido como voceros a los activistas del INPI dentro de la tribu, quienes mantienen un discurso amenazante y violatorio de los usos y costumbres de la etnia.

Ahora que se anuncia la visita presidencial para este mes de mayo, los directivos del INPI han arreciado la ofensiva al interior de la tribu yaqui y la extienden en contra de indígenas mayos del ejido Buaysiacobe, para que desistan del amparo que en definitiva les otorgó un juez federal en contra del decreto presidencial. Los indígenas mayos se oponen al decreto, por lo mismo que los yaquis: una disposición presidencial que está entregando volúmenes de agua no disponibles, alentando un conflicto entre los usuarios de la cuenca baja del Río Yaqui, para dividirlos y que no mantengan la unidad que por años se ha sostenido en contra de la operación ilegal del Acueducto Independencia.

Andrés López Obrador, no ha logrado acreditar su Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, tampoco lo logrará hacer con los indígenas mayos, si persiste en su visión técnicamente inviable de consentir la operación ilegal del acueducto y repartir volúmenes de agua que ya se encuentran concesionados, bajo el criterio simple y llano del ojo del buen cubero: yo creo que sí alcanza. Si en condiciones de ciclos relativamente normales de lluvia, el acueducto es inviable por la condición deficitaria de la Cuenca del Río Yaqui, en el contexto de las sequías recurrentes que se padecen, resulta una aberración.

La terquedad desprovista de inteligencia, es necedad y en las condiciones que prevalecen en el país y en la región, resulta peligrosa. Lo que parece imposible, no deja de ser necesario: es momento de que el presidente escuche la sabia palabra de Cuauhtémoc Cárdenas y admita que el primer paso para llevarle justicia a la tribu yaqui empieza por la cancelación de la operación ilegal del acueducto y la puesta en marcha de una vigorosa política de gestión de más agua con la desalación de agua de mar y proyectos como el Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

×

Powered by WhatsApp Chat

×