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  • lun. Jun 27th, 2022

ARCHIVO CONFIDENCIAL

Jun 8, 2022

EL DECRETO DE ADM

ARMANDO VÁSQUEZ A.  /COLUMNISTA

#DESPIERTASONORA

INTERESANTE.

Hubo una reunión ayer en Palacio de Gobierno en la cual el gobernador Alfonso Durazo se reunió con colegas de diferentes medios informativos y su staff que maneja la comunicación donde se vieron algunos aspectos:

Hubo peticiones de parte de algunos colegas: acceso a carros, casas, los famosos convenios, aquellos que se quejaron de que no les pagan en sus empresas y dislocadas disposiciones para que les paguen las cuotas del IMSS e Infonavit, por un lado.

Por el otro, hubo propuestas como la del colega Rafael Cano –presidente del Foro Nacional de Periodistas–, quien pidió la colaboración de las autoridades para que acepten y estén atentos a una aplicación de alerta de periodistas que promoverá el próximo lunes en CDMX.

El gobernador respondió a cada planteamiento dejando en claro que los casos entre particulares deben tratarse en las dependencias adecuadas como la Secretaría del Trabajo. Esto en relación a la queja que hay de trabajadores de Grupo Larsa, donde el meme es: “Con Toño, nunca sabes si te va a pagar”.  Creo que ya no se llama Larsa por cierto, pero Toño Ramos, el dueño, no ha sabido defenderse, a lo mejor pensó que no le harían daño los ataques, pero fue tema en esa reunión. Entendemos la problemática quienes tenemos nómina que pagar, pero él dejó crecer el problema.

El titular del Sistema de Comunicación, Edgar Sallard, dejó en claro que la metodología que se aplica en materia de convenios es en torno a la capacidad del medio de propagar su información, entre más te vean, escuchen o lean, en esa medida va el billete. O más bien, se mide el daño que se le puede causar a la imagen del gobierno.

Usted puede ver esta plática en este link: https://bit.ly/3H32yrf

Lo que podemos rescatar de este evento son dos conclusiones: el interés de Durazo, quien dejó en claro que respeta lo que se publica, lo beneficie o no y por el otro, se observa el nivel demostrado por los compañeros de prensa. Lo peor es que el gobernador los midió.

Desgraciadamente los compañeros demostraron que sus necesidades particulares –camuflajeadas en realizar un mejor trabajo informativo–, están por encima de las que requiere la sociedad a lo que lleva a la pregunta exacta de inflexión: ¿qué tipo de periodistas requiere la sociedad y si realmente llenan esa necesidad?

Gobiernos van y vienen y el periodista sigue allí, (como el dinosaurio por la ventana o el elefante en el cuarto), por esa razón me extrañó que no solicitaran mayor acceso a becas para profesionalizarse pues una licenciatura en comunicación quedó rebasada, lo cual es triste, pero cierto.  (Por cierto, todo gobierno tiene su propia lista negra).

Y es que los créditos de cualquier tipo le son rechazados tanto a periodistas como a policías pues no somos financieramente confiables y hay múltiples ejemplos de ello, amén de que hay comunicadores que le han partido la madre a grandes proyectos editoriales como uno que manejaron el finado Rubén Reynaga y Víctor Arriola lo que incrementó en mucho la desconfianza ganada a pulso por los colegas.

Sobre lo que dijo Edgar en relación a conveniar con aquellos que alcancen mayor difusión y de allí el trato que recibirán, suena lógico por ser los administradores del recurso público, ¿alguien recuerda lo que hizo al respecto el entonces alcalde Javier Gándara?), pero con ello limita a los compañeros especializados en temas elevados y cuyas repercusiones de sus escritos sirven para transformar aparatos gubernamentales y generar opinión pública, pues a final de cuentas el periodismo en el mundo tiene tres vertientes:

La de informar de manera sistemática, la de generar opiniones mediante los diferentes géneros que permita al lector tomar decisiones hasta de vida, de allí la responsabilidad de transmitir mensajes con profesionalismo y entender que todo periodista se debe a la sociedad, (aquí entra los diferentes valores, creencias y capacidad educacional del comunicador) no al gobierno en turno, pues es un deber periodístico generar equilibrios y limitar al máximo el abuso del poder. Ya cada periodista le integra su estilo y formación social.

Hay un punto que tampoco se trató en esa reunión en materia del cuidado de las formas y fondos:

El lunes seis (un día antes de esa reunión por si no lo notó), se aprobó un decreto del gobernador que ya está en vigencia, mediante el cual se adiciona al artículo 167 al Código Penal de Sonora y que dice: “encarcelará de cuatro a diez años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta UMAS a quienes divulgan por cualquier medio de videos, imágenes, audios o documentos de cadáveres o parte de ellos, que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o las lesiones que éstos presentan”.

Es el decreto número 40 que se puede verificar en este link https://bit.ly/3tnmTlA (Búsquelo allá abajo, donde dice “Lunes 06 de Junio de 2022. CCIX Número 45 Secc. II”, página 28.

Es una acepción en la cual personalmente estoy de acuerdo en su forma, pero no con el fondo pues se coarta la libertad de expresión que quieren regularla cuando como se ha visto en países democráticos y libre que han fracaso en su intento, eso sí, hay naciones socialistas – dictatoriales (Cuba, Venezuela, Nicaragua, se me vienen a la mente), que actúan con mano de hierro para cihngarse  a la prensa y que lo han logrado vía decretos que tienen la característica de no ser socializados.

¿Qué seguirá a este decreto?, ¿acaso que no podamos transmitir manifestaciones públicas que desagraden al gobierno?, ¿o que dejemos de publicar las corruptelas de funcionarios –hecho que lo han intentado en diferentes estados gobernados por distintas siglas–, pero que han fracasado y cuyas denuncias públicas son una de las causas de tanto asesinato de compañeros?

Hay que entender que la libertad de expresión es un derecho humano que busca generar equilibrios, de allí que me extraña ese dejo de sospechosismo que le dejó impregnado el gobernador mismo que nos hace preguntarnos: ¿no será acaso una estrategia para deshacerse de cualquier comunicador indeseable pues no dejamos de estar en un país donde es fácil inventar delitos?

Ya hay quienes aseguran que se busca minimizar la inseguridad existente mediante la creación de una percepción falsa en materia de seguridad y por otra parte, ¿por qué no incrementar penas a malandros o sanciones reales a funcionarios (sobre todo los que se demuestre que están coludidos) que no cumplan con su responsabilidad mediante indicadores establecidos?… La ineficacia también debe castigarse. 

Hay que recordar lo que ocurrió en Zacatecas donde todos los integrantes de la policía estatal se fueron a paro de labores porque el nuevo gobierno, de Morena, por cierto, –donde su política de abrazos y no balazos, así como la colusión de funcionarios con malandros –, fue la causa de asesinatos de estos elementos, hasta que se hartaron.  https://bit.ly/391mSwB

Insisto, el decreto en sí tiene forma pues la verdad difundir ese tipo de imágenes o videos de asesinatos provocan pavor, son repulsivos (y se requiere estar enfermo para hacerlo), aunque sean la realidad, pero me pregunto: ¿qué no le alcanzó el talento de los integrantes de su gabinete para incluir una campaña en contra de esto en su listado y no nada más las que realizarán contra el uso de drogas?

¿Por qué no incrementar el presupuesto de la policía cibernética para detectar a los malos que cuentan con páginas web o cuentas en redes que envían esos mensajes y se refuerzan las investigaciones realizadas contra ellos por la FGR al estar inmiscuidos en delitos de índole federal? 

Si algo tiene un Estado es poder que lo ejerce mediante controles, pero que en este caso se convierte en espada de doble filo pues si el gobierno determina que se debe terminar con la carrera de un comunicador basta con contextualizarlo mediante lo dictado por este decreto y lo peor es que lo que se requiere es filtrar la acusación en algún twit (que puede fácilmente ser inventado), para que el prestigio ganado se pierda en un segundo y allí no hay defensa. Menos cuando se procede legalmente y todo lo que ello conlleva contra el acusado.

Veo difícil que la inseguridad se termine por querencia impresa en el mencionado boletín oficial del Estado. Tampoco se detendrá el flujo de la expresión, en cualquiera de sus manifestaciones, como bien lo sabe el gobernador pues en su doctorado de políticas públicas con seguridad vio los temas de las causas de una sociedad enferma y la libertad de pensamiento y este decreto, dimensionado, es una aspirina de un padecimiento mucho más amplio. 

EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.

Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorado en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…                                                                                                                                                                      

Correo electrónico: archivoconfidencial@hotmail.com                                                                                                                                            

Twitter: @Archivoconfiden                                                                                                                                                                                    

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