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ENTRETELONES

Jun 15, 2022

ALIADOS

SAMUEL VALENZUELA / COLUMNISTA

#DESPIERTASONORA

La Unión Ganadera Regional de Sonora es una organización tradicionalmente aliada a los gobiernos en turno, relación obligada para efectos de conseguir beneficios para ese importante sector productivo, aunque como se sabe esa no es garantía para que tales apoyos bajen hasta quienes más los necesitan. 

No vamos a particularizar situaciones del pasado respecto a como se han manejado las cosas en ese organismo y cómo los buenos resultados de gestiones ante instancias de gobierno, se han concentrado en dirigentes y directivos de hasta asociaciones ganaderas locales, de rancheros de abolengo y de otros convertidos en servidores públicos, en el marco de una realidad incontrovertible. 

En ese contexto, es menester reconocer esfuerzos del pasado para revertir esa tendencia, pero han quedado en meros atisbos ante el poder de traficantes de influencias, posesionarios de información privilegiada sobre recursos financieros o materiales de apoyo liberados para oportunamente interceptarlos, mientras que el pequeño ganadero ni siquiera se dio por enterado porque su ocupación primaria es rascarse con sus propias uñas. 

Se han emprendido acciones institucionales para que lo anterior no ocurra y que en lugar que los programas de gobierno queden entre quienes se defienden solos ante sequías, problemas de comercialización o equipamiento de sus ranchos, queden entre esos pequeños ganaderos, que superan el 70 por ciento, pero por lo regular la norma ha sido la inconsistencia discontinua en dicha intención. 

Valga este contexto para considerar que pudieran cambiar las cosas y romper ese círculo vicioso en la relación entre la UGRS que preside Juan Carlos Ochoa Valenzuela y el gobierno de Alfonso Durazo Montaño, de acuerdo a los primeros indicios de la interacción entre una directiva aún de estreno y un mandatario aparentemente dispuesto a romper paradigmas. 

Este martes se programó reunión del Grupo CORSAS con el presidente de esa organización de productores, pero como fue llamado a otra juntada, el compareciente fue su segundo de abordo, el secretario Alberto Agustín Morales Aguilar, acompañado del coordinador gremial, Fernando Antonio Tapia, quienes hicieron una buena disección de acciones en proceso y buenas intenciones para el futuro. 

De entrada, se observa que en la UGRS se ha asumido la visión social que siempre pone sobre la mesa el gobernador Durazo, que se resume en que ahora toca a quienes nunca o casi nunca les ha tocado, y como ejemplo está el programa de apoyo ante los estragos que causa la sequía en el agostadero sonorense en el cual el gobierno del Estado aporta 142 millones de pesos y la UGRS se encarga de procesar alimento de alto contenido proteico y su distribución. 

Y valga aclarar que dicho reparto con un precio por costal de un 15 por ciento de su valor real, se hace de forma exclusiva para ganaderos que tienen un hato no mayor de 30 vientres y que registra un avance de poco más del 60 por ciento de entregas. 

Ese es un mero ejemplo de la alianza entre el gobierno estatal y la directiva de los rancheros organizados de Sonora, solo en lo que se refiere a defender a ese gremio de la sequía y que se supone va más allá, para que mediante gestiones se consiga el apoyo oficial para rehabilitación de represos y brechas; equipamiento de corrales de manejo, mejoramiento genético, seguridad y demás. 

Pues si se concreta es visión social en la dispersión de apoyos de gobierno estatal o federal por gestiones de la UGRS, sin duda a la pequeña ganadería de esta entidad le irá mejor que nunca y en lo inmediato saldrá mejor librada ante la falta de agua, que según registros, ya causa una merma de casi 210 mil cabezas de ganado, aunque pudieran ser muchas más, dado que no se notifica ni se da de baja a muchas reses muertas. 

Morales Aguilar también aludió a cuestiones de seguridad en las regiones ganaderas  de la entidad, así como las ventajas que ofrece la cacería cinegética y la conversión de ranchos para desplegar dicha actividad como una forma de diversificar los ingresos de sus propietarios, eso si, con la recomendación de no andar haciéndolo de noche, advirtiendo además de grupos antisociales muy focalizados que aprovechan la presencia del narco para hacer de las suyas y generar la percepción de que sus fechorías las perpetraron bandas del crimen organizado. 

EL Secretario de la UGRS subrayó que entre Ochoa Valenzuela y Durazo Montaño existe una relación personal excepcionalmente buena y ojalá que eso se traduzca en mayores acciones con visión social en favor de la pequeña ganadería y se registren avances y logros más allá de lo conseguido cuando de igual forma lo hicieron el entonces gobernador Eduardo Bours en mancuerna con Alfonso Elías. 

De eso y más platicamos con el directivo de la UGRS en la siempre impresionante palapa de la sede de dicha organización, en donde también nos dio mucho gusto saludar a nuestra amiga Carmen Palacios Avechuco, ahora coordinadora de relaciones públicas y a quien le habíamos perdido la huella luego de su participación en el pasado proceso electoral como candidata del MC a una diputación local. 

Mientras tanto, sigue la víbora chillando por rumbos del CEN del PRI, con un dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas defendiendo la mazorca como un cochi hambriento, logrando por lo pronto superar las exigencias de su renuncia en una reunión con exdirigentes. 

No hay detalles de lo ocurrido en dicha juntada y solo se dio a conocer que no dejará su encargo hasta que se venza el período para el que fue electo o sea, hasta el 19 de agosto del 2023, sin que haya trascendido si la bronca de Sonora se puso sobre la mesa, cuando este martes al filo del mediodía nos llegó la versión de que un grupo de personas se aprestaba a reventar la habitación de un hotel de Hermosillo donde se hospeda el coordinador de la campaña de una de las fórmulas que contiende por la dirigencia estatal y que es delegado de ese partido en Sonora. 

Junto con pegado, se desparrama la versión del inminente fallo de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, respecto a la impugnación interpuesta por Onésimo Aguilera e Iris Sánchez en contra de la validez del registro de Zaira Fernández y Pascual Soto, en el marco de su evidente esfuerzo de no medirse en las urnas porque llevan todas las de perder. 

Habrá que esperar para presenciar cómo se desenrolla ese conflicto y si así como Onésimo se salió con la suya en la integración de la planilla de regidores que encabezó Antonio Astiazarán en la pasada elección, cuando el mentado Alito exigió su incorporación sacando de ese listado al Pichón Pavlovich, ahora consiga lo también impensado, sin que gravite para nada en este asunto el porqué o los porqués el entonces titular de la SEDATU, Manuel Ignacio Acosta, lo despidió de forma fulminante cuando se desempeñaba como delegado de esa dependencia federal en Sinaloa. 

A propósito del Ayuntamiento de Hermosillo, de no creerse la relación contractual que tiene con el sindicato que preside Salvador Díaz Olguín, que bajita la mano le cuesta a la comuna capitalina casi cinco millones de pesos al año y son gastados de forma discrecional por dicho dirigente. 

Pues en su pecado el ayuntamiento lleva su penitencia al firmar un convenio que incluye la entrega de cuatro millones de pesos por cuotas que son descontadas vía nomina al personal sindicalizado, casi 500 mil pesos para eventos cívicos; casi 400 mil por vales electrónicos, 40 mil pesos mensuales para gasolina de dos vehículos propiedad del ayuntamiento, fondos, gastos para materiales y demás. 

Eso es una chulada y una réplica de lo que ocurre en todo el sector sindical, en donde llegar a una dirigencia significa vivir en jauja y sin mayores preocupaciones que sostenerse en el cargo a costa de lo que sea el mayor tiempo posible. 

Sin salirnos del ámbito municipal, si algo faltaba en el acelerado proceso de militarización, de la incorporación de soldados a tareas que corresponden a policías, en Cajeme ya se cumplirá esa intención, luego que la Secretaría de la Defensa Nacional solicitó –y consiguió—que Javier Lamarque Cano cinco espacios para instalar destacamentos militares en igual número de colonias conflictivas de Ciudad Obregón. 

El fracaso de la estrategia para combatir los delitos de alto impacto resulta evidente, así como evidente la incapacidad gubernamental para que desde instancias civiles se contrarresten esas actividades criminales y con ello marcar como una bazofia más aquella publicitada arenga de regresar la milicia a sus cuarteles del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

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