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ENTRETELONES

Jun 17, 2022

IMPUNIDAD

SAMUEL VALENZUELA / COLUMNISTA

#DESPIERTASONORA

Una columna de hombres fuertemente armados ocupa por más de cuatro horas San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 30 minutos después de abandonar esa comunidad, llegan fuerzas militares; en un pueblo de Michoacán un convoy de sicarios pasa por un retén militar sin ser molestados. 

Otro convoy de civiles fuertemente armados permanece por varias horas estacionado en una caseta de cobro resguardada por militares sobre la transitada carretera 15, en Guasave, Sinaloa; otro más transita por la carretera en la región de Altar, Sonora y frente a elementos de Seguridad Pública Estatal despoja de un celular a reportero que transmitía en vivo el hallazgo de dos personas ejecutadas. 

La noche del miércoles en Ciudad Obregón, Sonora, fue asesinada Verónica Montiel Cortez, regidora del PT del Ayuntamiento de Bácum, jurisdicción municipal donde el ejercicio de la política es un deporte de alto riesgo, ya que se difuminan los límites entre partidos e intereses de bandas criminales. 

Indescriptibles los detalles que nos llegan de la vileza cometida en contra de Verónica y de plano, muy guango el posicionamiento emitido por la firma fuerte del PT en Sonora, Ramón Flores Robles, más preocupado en cuidar la imagen de las instancias de procuración, impartición y administración de justicia en Sonora, que ejercer su presunto liderazgo no solo en defensa de la seguridad de militantes de su partido, si no de la gente de Sonora.    

Estos son solo retazos de un acontecer cotidiano a lo largo y ancho del país que se suman ejecuciones en la vía pública, levantones, secuestros, desaparecidos, hallazgos de fosas clandestinas, hechos que, intensivamente divulgados en la sociedad, genera una percepción de impunidad en el accionar de esas bandas de criminales; que corporaciones policiacas civiles y militares les temen; de complicidades y contubernio entre instancias de gobierno y el crimen organizado, y/o que la estrategia de abrazos en lugar de balazos va hasta las últimas consecuencias. 

Junto con pegado, está la incontrovertible tesis del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoce con singular soltura, que en regiones donde una banda criminal es poderosa, no hay homicidios dolosos y hasta con un dejo de orgullo cita el caso de Sinaloa, así como podrían hacerlo, guardando las proporciones, los alcaldes de Agua Prieta y Navojoa, Mario Martínez y Jesús Alfonso Montaño, respectivamente. 

Muy retorcida la lógica de López Obrador al considerar que el predominio de una banda que no tiene competencia de otras, deriva que no haya enfrentamientos o sea, la paz en esas entidades, regiones o municipios la impone el narco, no las instancias de gobierno, y peor al minimizar el que sea en sólo seis estados del país donde se registra el mayor número de homicidios, cuando reconoce que en los estados donde ejerce mayor control una banda del narco, éstos no ocurren, en el marco de una narrativa que dejaría patidifuso a Don Matías Gali. 

Por supuesto que el presidente no dará marcha atrás ni rectificará su estrategia para pacificar al país cuyo origen fundamentó con enviar de regreso a sus cuarteles a las fuerzas armadas, cuya presencia en las calles fue duramente criticada por él y que sin embargo hizo todo lo contrario al entregar al ejército inmensas e impensables cuotas de poder y lo que sigue. 

Más de cuatro años en esa dirección y a pesar de los resultados y a la creciente insolencia de las bandas criminales, nada lo hará cambiar de opinión y esos 123 mil 435 homicidios dolosos que hasta el martes pasado se han registrado durante su mandato, se irán incrementando como prueba fehaciente del fracaso de una política pública sustantiva y razón primaria de ser del gobierno: cuidar la seguridad y vida de los ciudadanos. 

A ese ritmo, la proyección al final del sexenio es de poco menos 211 mil 500 homicidios dolosos, cifra muy superior a los 74 mil 737 perpetrados durante la administración de Enrique Peña Nieto; a los 53 mil 319 durante el gobierno de Felipe Calderón o a los 35 mil 309 en la administración de Vicente Fox. 

Ir a las causas, no a los efectos es la fórmula mágica cuando se trata de resolver problemas, pero en ese transitar hasta las causas a veces hay que hacer ajustes, modificaciones y aplicar variables en caso de que los efectos persistan, pero como discurso inicial del presidente y a la luz de los resultados, a más de cuatro años y medio de aplicación, es muy poco ese 0.4 por ciento de disminución de asesinatos que reporta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Esa macabra realidad no ha sido revertida a pesar de los publicitados programas sociales dirigidos a minar las fuentes de reclutamiento de bandas del narco, como becas a ninis, fortalecer la economía de productores del sector rural, emprender acciones contra la disfunción familiar, ofrecer mejor calidad de vida, mejores empleos e ingresos y más, han resultado un gran fiasco que se une a la fallida creación de la Guardia Nacional, con el fin de simular la ciudadanización de una rama de las fuerzas armadas que vino a quedar en eso: soldados uniformados como guardias nacionales dado el poco eco que tuvo entre civiles la convocatoria al reclutamiento. 

Pues desde esta humilde trincherita del periodismo, sugeriríamos respetuosamente que si el Estado no combatirá los efectos del fenómeno delicuencial y seguirá repartiendo abrazos entre esos seres humanos que descuartizan, ejecutan, secuestran y sumen en la inseguridad a comunidades enteras, de una mejor revisadita a sus estrategias con las que dice enfrentar el fondo, las causas del asunto, porque como se sabe durante este pejato ha crecido el número de pobres y los homicidios se acumulan. 

A lo mejor es muy poca la lana que les dan a los ninis o ese recurso es interceptado por las redes de corrupción, al igual que en el caso de productores rurales, además de considerar reactivar programas para una mejor integración familiar que fueron eliminados a lo pendejo; regresar a lo esencial y fortalecer la prevención del delito a través de policías municipales no contaminadas por la corrupción entre otras acciones de rectificación que a lo mejor aún tienen tiempo de que en septiembre del 2024 tengan algo que presumir en esa materia. 

Pues es cuestión de que asuman con responsabilidad su fracaso en proceso, porque si le siguen para adelante como ocurre en la cúpula nacional del PRI sufrirán severas consecuencias, y aludimos al citado partido, porque nos acaban de avisar que la Comisión de Justicia Partidaria resolvió revocar el registro de Zaira Fernández y Pascual Soto de la contienda interna para renovar la dirigencia estatal en Sonora y se cumple la consigna de imponer a de Onésimo Aguilera Burrola e Iris Sánchez. 

Y lo demás serán consecuencias, en el marco del más sórdido proceso de elección que tengamos memoria en ese partido, donde la cúpula a cargo de Alejandro Moreno pudo someter a personajes que creímos tenían dignidad y cuyos nombres nos reservamos para despachos posteriores, sin que tengamos idea de cuál será la reacción de ese sector priista agraviado con la evidente imposición. 

Al menos hay que reconocer que Ernesto de Lucas Hopkins se ha mantenido como cualquier sonorense que se precie de serlo, destacando que por supuesto no se sumó al rebaño de apoyos por la permanencia del cuestionado campechano ni firmó el desplegado de genuflexiones y lo que sigue será sacudirse las manos responder a los sonorenses desde su espacio en el Congreso del Estado. 

A fin de cuentas, de la sorprendente actuación del delegado Jorge Meade no se podía esperar otra cosa, ya que desde que llegó como delegado del CEN, pretendió, cierto, construir una fórmula de unidad, pero a partir de la instrucción de que la cabeza fuera Aguilera Burrola, sin que tengamos idea de qué le sabe este regidor de la comuna hermosillense al dirigente nacional de su partido, como para que emprendan esa barbarie en contra de los priistas de Sonora. 

Por lo pronto, la fórmula agraviada mantiene intensa actividad allá en donde se trabajan los votos, con la gente que sigue confiando en esas siglas, que los llevó al caluroso noroeste de la entidad con reuniones en Caborca Sonoyta, San Luis Río Colorado y luego bajar hasta Nogales, con toda una diversidad de reuniones cuya asistencia sería la base de un arrollador triunfo en las urnas, eventualidad que siempre quisieron evitar los de la otra fórmula y su coordinador de campaña, lo lograron. 

Por lo demás, increíble la embestida judicial en contra del otrora intachable gremio de los notarios públicos en la entidad que ya arrojó la detención y encarcelamiento del experimentado abogado Enrique Ahumada Tarín a quien se le imputan delitos de fraude específico y simulación de un acto jurídico en una operación de compraventa de una casa habitación. 

Y no faltan quienes de forma irresponsable metan en esa polla a otros prestigiados fedatarios, que según están inmiscuidos en acciones similares y que están en la mira del fiscal Anticorrupción, Rogelio López García, sin que tengamos idea si Ahumada Tarín salga de la cárcel bajo fianza y si podrá mantener su licencia como notario público ante el escándalo. 

Seguramente a ese asunto le falta mucho, pero por lo pronto, a lo mejor López García podría revisar la legalidad de simulaciones presuntamente imputadas al citado notario, pero que se perpetraron de forma comprobada durante los últimos meses del gobierno de Guillermo Padrés para justificar el origen de millones de dólares que se robó del programa de Uniformes Escolares y que simuló como donaciones para crear una fantasmal empresa minera. 

Sorprende además el ensordecedor silencio del presidente del Colegio de Notarios de Sonora, José Julio Rascón Soria, quien al menos debería dar la cara, si no en defensa de Ahumada Tarín, sí para defender al gremio que representa y que está ahora en la picota.

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