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ENTRETELONES

Jul 8, 2022

RECTIFICAN

SAMUEL VALENZUELA / COLUMNISTA

#DESPIERTASONORA

Si bien desde el 14 de junio pasado el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció que en la Consejería Jurídica se trabajaba en establecer precisiones a la reforma del artículo 167 del Código Penal para el Estado de Sonora, que días antes había aprobado la legislatura estatal, prevalecieron sospechas y señalamientos sobre propósitos de penalizar la libertad de expresión. 

Dicha voluntad para hacer precisiones que de forma expresa declaró el mandatario, así como los posicionamientos al respecto del secretario de la Consejería Jurídica, Adolfo Salazar Razo, fueron insuficientes porque al paso de los días se generó fuerte corriente mediática de denuncia por parte de colectivos de madres buscadoras y formadores de opinión pública de medios de comunicación. 

Desde el lunes pasado intentamos dar seguimiento al cumplimiento del compromiso rectificador o de hacer precisiones específicas a dicha reforma legislativa y a fin de cuentas desde la noche del miércoles Salazar Razo nos informó que el proyecto de reforma a la reforma aprobada por la legislatura ya está lista y será enviada al Congreso del Estado la próxima semana. 

Miren, son válidas las sospechas sobre una disposición punitiva general en contra quien difunda material videográfico sobre víctimas del delito, porque así dice ese artículo 167 y así lo remarcó la diputada María Alicia Gaytán en la exposición de motivos que dio lectura durante la sesión del 13 de junio pasado y que sin reflexionar a fondo fue aprobado por la mayoría en el Congreso. 

En esa sesión, la diputada caborquense explicó que las modificaciones que armonizan la legislación local con lo federal, “están orientadas a sancionar a los servidores públicos y A CUALQUIER PERSONA que difunda imágenes, audios, videos, documentos, información sobre la investigación penal o condiciones personales relacionadas con víctimas de un hecho de violencia; castigar la revictimización, discriminación y estigmatización contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, principalmente, que hayan sido víctimas de algún delito”. 

Como se sabe, la también la llamada “Ley Ingrid” surge a raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes de ese feminicidio ocurrido en la Ciudad de México el 9 de febrero de 2020 y la divulgación masiva del cuerpo de Ingrid mutilado que indignó a la sociedad y exigió que pararan las filtraciones del expediente de la Fiscalía, derivando en esa reforma que tipifica y penaliza hasta con 10 años de prisión el que incurra en esas prácticas. 

O sea, con justa razón las reacciones de madres buscadoras y comunicadores ante tan genérica disposición legal, así como también oportuno el deslinde que de forma declarativa estableció el gobernador Durazo Montaño, al señalar que la reforma está dirigida de forma específica para servidores públicos que filtren imágenes de personas fallecidas relacionadas con investigaciones judiciales, así como fue ratificado por Salazar Razo en comunicado de prensa. 

Tal como fue establecido en la conferencia de prensa del 14 de junio, en el comunicado oficial de este jueves, el secretario de la Consejería Jurídica, subrayó que en ningún momento se contempló la aplicación de sanciones por el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación y periodistas ni en contra de grupos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas posicionamiento reforzado en conferencia de prensa acompañado del secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte. 

Subrayó que la legislación está pensada para evitar la revictimización de las personas fallecidas, toda vez que se busca protegerlas y que no se vulneren los derechos a la dignidad, privacidad e identidad tanto de los occisos como de sus familiares a manos de funcionarios públicos que participan en indagatorias de hechos con resultados mortales. 

A la par del comunicado de referencia y el encuentro con medios, suponemos que desde Washington, el gobernador subió a su cuenta de tuiter tres posteos: “La próxima semana se entregará al Congreso local la reforma a la «Ley Ingrid», para acotar que las sanciones que dispone van dirigidas específicamente a servidores públicos que filtren imágenes de personas fallecidas relacionadas con investigaciones judiciales. 

“Reitero que en ningún momento se contempló la aplicación de sanciones por el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación y periodistas, ni en contra de grupos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas. 

“Mi gobierno trabaja por y para beneficio de la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos”, subrayó el mandatario estatal, quedando solamente saber en qué términos se hacen las precisiones a una disposición con efectos tan delicados, que antes de ser aprobada debió ser bien analizada por la legislatura. 

Mientras tanto, desde hace días se sostiene la versión de la inminente migración del aún diputado local del PAN, Kiko Munro a la verruga más pinche de MORENA o sea el PES, franquicia partidista que como se sabe, regentea Vicente “El Mijito” Terán en Sonora, cuya hija Paloma también cobra como diputada plurinominal. 

Cabeza de la lista pluri por obra y gracia de su papá Ernesto Munro, quien también como dirigente estatal del PAN lo impuso como coordinador parlamentario, al Kiko le ha resultado imposible asimilar que los vientos cambiaron en el blanquiazul con el arribo de Gildardo Real a la dirigencia, quien como es lógico lo relevó de dicha posición con la experimentada legisladora Alejandra López Noriega. 

Antes de soltarse las versiones sobre su salto al PES, el Kiko anduvo explorando irse a Movimiento Ciudadano y para darle nivel a su migración partidista, hasta pretendió puentear su decisión y vender cara su ficha con Luis Donaldo Colosio Riojas, quien enterado de las hechuras del junior y de su padre, lo mandó por un tubo, lo cual lo obligó a buscarle por otro lado, encontrando espacio, al parecer, en el PES que ni registro estatal tiene. 

Pero como membrete le puede servir de algo si es que en efecto la convocatoria a conferencia de prensa para este viernes es para formalizar su mudanza partidista, que en todo caso eso sería lo de menos, cuando desde octubre pasado, tanto él como su padre, adquirieron sendas residencias en el Condado Maricopa, Arizona, de acuerdo a datos del Tasador de ese condado Eddie Cook. 

La residencia del Munro padre costó dos millones 100 mil dólares, en tanto que la del Munro hijo poco más de 900 mil dólares, aunque todo indica que el diputado decidió vender esa propiedad hace pocos días ya que le gustó otra de mayor valor por la misma zona donde compró su papá, operaciones que ahora uno entiende el porqué del interés de legislar para facilitar el voto de mexicanos en el extranjero. 

Pues sabe si en efecto el exalcalde de Puerto Peñasco renuncie a su militancia panista, cuando por rumbos de su solar nativo como que las calabazas andan en reacomodo y en dicho reacomodo al parecer Movimiento Ciudadano es el ganón, quien ya como se sabe, ya jaló a dichas siglas al exdiputado del PES, Lázaro Espinoza y en esas anda su excompañero de bancada en la pasada legislatura, Jesús Alonso Montes Piña. 

A ese evento de adhesión asistió Humberto Souza Chávez, ya prácticamente pintado de color naranja y lo hizo acompañado del actual presidente municipal de Puerto Peñasco, Jorge Pivac Carrillo, para más señas, cuñado del Kiko Munro, y dicha presencia en el evento que presidió Manuel Scott, derivo en elucubraciones de que el munícipe panista estaría en vías de ser convencido por Humberto Souza de también sumarse a los anaranjados. 

Desde nuestra perspectiva, más bien el hermanito de Linda Pivac, esposa del Kiko, estuvo en ese evento más bien procurando eventuales alianzas con el MC para lo que sigue, porque con el grupo del PRI que lo apoyó para llegar a la alcaldía quedó muy mal y difícilmente lo acompañará en otra aventura política, como sería la reelección o la diputación local.  

Respecto a lo que ocurre por rumbos del PRI, distinta los cabildeos que realiza Souza Chávez para jalar panistas al MC, para citar ejemplos como Ernesto de Lucas o Natalia Rivera, él y ella se circunscriben a manejarse de forma personalísima sin procurar adhesiones a decisiones aparentemente ya tomadas, a pesar de los temores de la dirigencia espuria y apoyadores, de que la desbandada en proceso sea a causa de ellos. 

Por cierto, priista de profundo arraigo nos comentaba sobre cómo han cambiado las cosas entre dicha militancia sonde siempre ha permeado la institucionalidad para plegarse a decisiones del pasado que a pesar de no concordar con ellas, las han aceptado por eso, por ser institucionales. 

Pero bajo las circunstancias actuales, esa lealtad les resulta imposible de profesar al partir de que el PRI dista mucho de ser una institución que les inspire respeto y es más, como institución está dejando de ser y desde esa perspectiva la institucionalidad carece de sentido y por eso han decidido buscarle por otro lado ante un hecho aparentemente consumado que los agrede como militantes de ese partido. 

“Ante quien o ante qué voy a ser institucional si la institución no existe”, se pregunta. 

Esos son los costos que se acumulan por la imposición de Onésimo Aguilera e Iris Sánchez en la dirigencia estatal de ese partido.

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