ALBERTO VIZCARRA OZUNA / COLUMNISTA
#DESPIERTASONORA
La interrogante es más que necesaria, porque la reiterada promesa del gobernador Alfonso Durazo, de que en su sexenio “sentará las bases” para resolverle a Sonora el problema de desabasto de agua para los “próximos treinta años”, hasta el momento carece de propuestas y de acciones específicas. En el discurso, el gobernador, parece sumarse al reclamo social de fortalecer una política de gestión de más agua, pero en la práctica ratifica las desastrosas e insostenibles decisiones de los gobiernos anteriores, que con procedimientos corruptos, ilegales y abusivos han impuesto el despojo del agua a la tribu yaqui y al sur de Sonora con la operación ilegal del Acueducto Independencia.
Las palabras siempre se confrontan con la realidad. No hay forma de conciliar el principio de gestión de más agua con el absurdo de repartir la que no alcanza, como ilegalmente se hace con el acueducto. Se pierde credibilidad cuando se dice que el acueducto “es imprescindible, porque ya le creo dependencia” a la ciudad de Hermosillo. El cuadro se empeora con el consentimiento de CONAGUA, la CEA y el municipio de Hermosillo, que en un desplante abusivo se han aprovechado del episodio de sequía que padece todo el estado, para violentar las disposiciones legales en la administración de la Cuenca del Río Yaqui, poniendo en marcha una tercera bomba y almacenando volúmenes indebidos para darle viabilidad al robo de mayores volúmenes de agua.
Lo que se pretende con estos incrementos desvergonzados en las extracciones, es aumentar la dependencia de la ciudad de Hermosillo de las aguas de la Cuenca del Río Yaqui. Y así fortalecer la supuesta condición de “imprescindible”, de una obra que solo se puede soportar en la disolución de la vida comunitaria de la tribu yaqui y de la producción de granos básicos del sur de Sonora.
Los acontecimientos mundiales y nacionales, están en las fronteras de lo extremo. Sonora, no es ajeno a ello. En el ejercicio del gobierno, no hay espacio para una retórica de “manejo de crisis” o del acostumbrado “ganar tiempo”, menos para el proverbial “pateo del bote”. Estabilizar la relación política exige algo más que una coincidencia angelical sobre el futuro.
En apego a las disposiciones legales y a las observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene que cancelar la operación ilegal del Acueducto Independencia, y solicitar la asignación de recurso federales para el ejercicio presupuestal del año entrante, que permitan la construcción del segundo módulo de la desaladora Guaymas-Empalme-Hermosillo, con la capacidad de un gasto de agua desalada que supla la ilegalmente aportada por el acueducto a la capital del estado.
Solo así se le daría crédito al discurso que se propone sentar las bases futuras que alivien la tremenda vulnerabilidad hídrica de Sonora. De lo contrario parecería que el problema se quiere resolver, no para los próximos treinta años, sino dentro de treinta años.
Ciudad Obregón, Sonora, 8 de agosto de 2022
Movimiento Ciudadano por el Agua
