UNISON
SAMUEL VALENZUELA / COLUMNISTA
#DESPIERTASONORA
En su campaña por la gubernatura convocó a una amplia consulta y en su toma de posesión el 22 de octubre de 1991 anunció que enviaría al Congreso del Estado una iniciativa de proyecto para reformar la ley 103 de la Universidad de Sonora.
Y Manlio Fabio Beltrones respondió a lo que se dijo era una exigencia de amplios sectores de la sociedad sonorense, para que el pleno de la legislatura sonorense, en agitada sesión celebrada el 25 de noviembre de ese mismo año aprobara la Ley Orgánica Número 4 de la máxima casa de estudios de Sonora, contenida en 75 artículos y 14 transitorios.
Lo que vino después es muy conocido. Principalmente del sector estudiantil, hubo protestas, manifestaciones, marchas y de forma destacada repudio en contra del rector Marco Antonio Valencia, a quien varios graduados de ciencias de la comunicación le negaron el saludo en la ceremonia llevada a cabo a principios de abril de 1992.
Mucha agua ha pasado bajo el puente en los poco más de 31 años de dicho trámite y en función de tan largo período, culminó la creciente presión por nueva reforma, para muchos considerada una prioridad, con la propuesta enviada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño a la presente legislatura el pasado primero de febrero y que fue turnada a las comisiones de Gobernación, de educación y cultura, para que unidas dictaminen lo correspondiente en un plazo no mayor de 14 días.
Nos llegó la propuesta que se supone tiene el propósito de modernizar el marco jurídico de nuestra Alma Máter, un documento firmado por el gobernador Durazo y el secretario de Gobierno Álvaro Bracamonte, que consta de 71 página y contiene 90 artículos y 12 transitorios, que seguramente serán aprobados tal cual por el partido oficial y aliados en el Congreso del Estado.
Cuando por allá en 1973 se aprobó la ley 103 hubo fuertes resistencias en el sector estudiantil y en el ámbito de algunos docentes, al igual que ocurrió alrededor de 18 años después al aprobarse la Ley 4, destacando que en el caso de la primera, muchos de sus protagonistas ahora ostentan cargos en el gobierno y que a fin de cuentas ellos y la siguiente generación, se sumaron al envión de la ley de 1991 para ser parte de los cotos de poder que los encumbraron en áreas administrativas y/o sindicales.
Por supuesto que en esta ocasión, sin importar la aplanadora legislativa que aplastará a la oposición así como fue aplastada en noviembre de 1991 –aunque la bancada del PAN votó a favor, seguramente habrá manifestaciones de rechazo a la intromisión del gobierno y a disposiciones que para algunos son tibias y conservadoras en materia de democratización interna y para otros abren amplios espacios para la desestabilización al involucrar a la planta docente y estudiantil a procesos de elección durante buena parte del año y cada año, agregándose a las ya de por sí complicadas revisiones contractuales con los sindicatos universitarios.
De reconocerse el esfuerzo de la rectora Rita Plancarte para congraciarse con el gobierno estatal y ponerse de tapete para que la operación de la Universidad de Sonora vuelva a tener su sede en el Palacio de Gobierno, actitud similar a la del citado Marco Antonio Valencia, aunque dicho gusto duró poco tiempo y todo volvió a lo de siempre, con una relación UNISON-Gobierno estatal, sujeta a los vaivenes presupuestales y a la pacificación de conflictos con el STAUS y el STEUS, que desde esa perspectiva general, generó fortalezas para la autonomía de la institución.
Pues la señora rectora asegura que la propuesta de reforma enviada al Congreso por el titular del Poder Ejecutivo es producto de un amplio consenso de la comunidad universitaria que tomó parte en 32 foros de consulta, aunque obviamente es dramática la ausencia de habilidades para la comunicación de por esos rumbos, porque nada se supo de esos foros a no ser que sean datos ficticios y quedabien.
Interesante el posicionamiento del gobernador Durazo respecto a los propósitos de la reforma, los cuales resume en la necesidad de eliminar la opción de la reelección en la rectoría para evitar la formación de cotos de poder, de grupos que dominan la conducción de la institución y que ello se evitará con períodos de cinco años, en lugar de los ocho que se acabalan actualmente al relegirse en forma consecutiva en períodos de 4 años.
NO tenemos idea si al entrar en vigor el nuevo ordenamiento jurídico, automáticamente doña Rita deja la rectoría cuando a penas esta por llegar a dos años de gestión o si se le respetará el término de la misma; salvo incorporar al sector estudiantil a instancias de gobierno universitario que resulta ser lo más sustantivo, mucho de lo demás de la propuesta es cosmético; la exposición de motivos, fundamentos y considerandos, son muy similares a los que se expusieron cuando el trámite legislativo de la Ley 4; la Junta Universitaria pasa a ser llamada Consejo de Gobierno, en tanto que el añorado consejo universitario pasa a llamarse Colegio Universitario.
En el caso de la integración del Consejo de Gobierno, es donde han saltado los puristas de la autonomía universitaria, toda vez que se establece que por única ocasión será a propuesta del gobernador al Congreso del Estado y éstos a su vez elegirán de una terna a quien pase a ocupar la rectoría, dándose por descontado que quien resulte será afín al palacio de gobierno, tan afín como lo serán los consejeros de gobierno universitario.
Para algunos esta dinámica no es otra cosa que el relevo de un añejo grupo de poder por otro que aspira serlo y que en el curso de estos años han sido parte de éste con mayor o menor influencia, sin que tenga mayor sentido ese reduccionismo estúpido que se refleja en asegurar que la propuesta del gobernador Durazo es parte de su decisión por desmantelar todo vestigio del beltronismo en Sonora.
Nada que ver, toda vez el mismo desarrollo de la conducción de la UNISON a lo largo de la vigencia de la Ley 4, durante la cual ni modo que se diga que el exgobernador ha impuesto autoridades o que los suyos tienen el mando, entre otras estulticias.
Nadie en su sano juicio pudiera negar que la Ley 4 propició en el mediano y largo plazo un ambiente de estabilidad en la UNISON y procesos enseñanza-aprendizaje que la colocaron en preponderante lugar entre las instituciones de educación superior en México y otra cosa sería considerar que a lo mejor estuviera en un mejor estatus con otro marco jurídico.
Miren, avanzamos en la lectura y esfuerzos de análisis de la propuesta y lo que principalmente permea es que vienen tiempos de inestabilidad al interior de la comunidad estudiantil por la irremediable competencia que se derivará de los procesos de elección en instancias de gobierno, en el marco de la invocada democratización interna, al generarse espacios para el aprovechamiento por parte de partidos políticos y del mismo gobierno estatal, en un terreno muy fértil para esos fines, que dicho sea de paso, nada tienen que ver con asuntos de la academia y de la ciencia.
En fin, todo lo que digamos o digan otros sobre este asunto, a favor o en contra, agregados, sugerencias y demás, resultan intrascendentes ante la cruda realidad de la legislatura estatal, en donde se deciden las cosas de acuerdo con el interés del que manda, porque ni modo que los de MORENA, PT, PES, verde y panalito nieguen que su líder indiscutible, amo y señor es el gobernador, que, en este caso, esperamos que sea para bien esa aplastante mayoría. Para bien de la Universidad de Sonora y para el bien de Sonora y los sonorenses.
Y no queremos que se nos pase informar sobre el evento que con motivo del 73 aniversario del natalicio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, convoca la Fundación Colosio en Hermosillo presidida por Blanca Colosio, a eso de las 11 de la mañana de este viernes 10 de febrero.
La cita es a la hora mencionada En el edificio del PRI estatal, ahí en el amplio vestíbulo donde se encuentra el busto de quien tantas esperanzas generó entre los mexicanos y de quien todo mundo se acuerda a causa de su cruel asesinato, y que por lo regular su nacimiento pasa desapercibido.
Si, en efecto, este 10 de febrero Luis Donaldo Colosio estuviera cumpliendo apenas 73 años, en calidad de un expresidente de México aún joven y seguramente muy influyente, allá remontado a veces en el rancho de su papá en Cucurpe y objeto de orgullo de los sonorenses por representar un antes y un después para esta entidad, si no hubiera sido víctima de la atrocidad en Lomas Taurinas.
Por rumbos del Palacio Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez sigue haciendo de las suyas y dando buenas noticias a los capitalinos, con ya muchas vialidades reparadas ante la complacencia del respetable y endiablado ritmo de trabajo para atender prioridades ciudadanas en materia de alumbrado, seguridad, servicios públicos, atención a contribuyentes, entre otros, destacando además su capacidad como comunicador.
Pues este miércoles se aventó otra al presentar nuevo equipamiento consistente en un par de dompes siete metros cúbicos impulsados con gas natural, trituradoras de material vegetal y cortadoras robóticas, o sea operadas a control remoto, de maleza y césped, equipo que nos causó envidia –de la buena o de la mala— así como es el caso cuando vemos el desarrollo impetuoso de como la administración del Toño fortalece el uso de tecnologías para la generación de energía solar.
De regreso a asuntos legislativos, pues cual debe, la representación popular sonorense debió aceptar la decisión autónoma del cabildo de Navojoa y designar al empresario Jorge Alberto Elías Retes como presidente municipal de Navojoa, para llenar el vacío por el sensible fallecimiento de Mario Martín “El Mayito” Martínez.
Hubieran sido fregaderas que la decisión del Congreso del Estado hubiera sido distinta a lo acordado por la mayoría de las regidoras y los regidores del Ayuntamiento de Navojoa, órgano al que se sumará José Gabriel Ramos, suplente de quien este jueves a eso de las seis de la tarde rendirá protesta ante el diputado Próspero Valenzuela.