Estamos con la tribu yaqui; estamos con el Pacto del Río Yaqui
ALBERTO VIZCARRA OZUNA/ COLUMNISTA
#DESPIERTASONORA
La tribu yaqui atraviesa por días y momentos de mucha presión. Autoridades federales y estatales han puesto en marcha todos sus instrumentos para lograr que el pueblo yoreme y sus autoridades tradicionales, renuncien a la acciones jurídicas que durante la última década han sostenido en defensa de las aguas del Río Yaqui y en contra del desvío ilegal de las mismas, hacia la Ciudad de Hermosillo, con la operación del Acueducto Independencia.
En atención al Pacto del Río Yaqui, firmado el 5 de mayo del 2010, entre autoridades y miembros de la tropa yoreme con productores rurales, ejidatarios, colonos, pequeños propietarios, comerciantes, empresarios y habitantes del sur de Sonora, el Movimiento Ciudadano por el Agua, le manifiesta a la tribu yaqui el respaldo total en la defensa de sus derechos, en el entendido de que el decreto de Lázaro Cárdenas (1940), que define uso y destino de dichas aguas, nos hermana en esta lucha para proteger el futuro de la región.
El hostigamiento en contra de los yaquis, es encabezado por los directivos del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), quienes sostienen una ofensiva en dos frentes:
1.- Forzar la conclusión de la consulta a la tribu, ordenada por la Suprema Corte, sobre las afectaciones ocasionadas por el Acueducto Independencia. Cerrar con ello las formalidades de procedimiento, para dejar sin efecto legal el estudio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que dentro de los protocolos de la consulta, documentó técnica y antropológicamente las afectaciones irreparables que dicho acueducto le ocasiona a la tribu, razón por la cual la Suprema Corte resolvería la cancelación de la obra.
2.- Obligar a la tribu yaqui y a sus autoridades tradicionales, a que acepten la desaparición del decreto de Lázaro Cárdenas, emitido en 1940, que les da primacía en el uso del agua de la Cuenca del Río Yaqui y les otorga jurisdicción sobre la parte media y alta de la cuenca, donde ilegalmente opera el Acueducto Independencia. Esta sería la consecuencia de aceptar el decreto de López Obrador que pretende rebajar a la tribu a la condición de concesionario, despojándola de la protección del decreto cardenista que le garantiza un volumen específico de agua y le da prioridad con respecto a los demás usuarios de la cuenca.
Por contradictorio que parezca, el gobierno actual pretende coronar los esfuerzos de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para tratar de legalizar lo ilegal, en una franca oposición a la justicia, estableciendo de jure lo que ahora hacen por la fuerza. Sin importarles la inviabilidad técnica de la operación del Acueducto Independencia -por la demostrada condición deficitaria de la Cuenca del Río Yaqui- este gobierno se ha normado al gusto de los intereses privados que procuran apalancar grandes negocios inmobiliarios en la Ciudad de Hermosillo, proyectando hacer de la capital del estado, una mole obesa de millones de habitantes para lo cual requieren apropiarse de la parte media de la Cuenca del Río Yaqui, desdeñando las afectaciones sobre la parte baja donde se ubica el territorio del pueblo yoreme y se establecen las actividades relacionadas con la producción de granos básicos.
Nunca como ahora la suerte de la tribu y su destino han estado tan ligados al futuro de todo el sur de Sonora. Por lo mismo el gobierno estatal y federal ha recurrido a todos los artificios maliciosos para inducir una división entre la tribu y los habitantes del sur de Sonora.
La unidad entre la tribu yaqui, productores rurales, ejidatarios, colonos, pequeños propietarios, comerciantes, empresarios y habitantes del sur de Sonora, reconocida en aquel pacto del 5 de mayo del 2010, la reiteramos ahora con la misma determinación de entonces, y subrayamos el apoyo total a los yaquis frente a la ofensiva que pretende aislar a los yoremes y empujarlos a la rendición.
¡NAMAKASIA!
Movimiento Ciudadano por el Agua