INICIATIVAS
SAMUEL VALENZUELA / COLUMNISTA
#DESPIERTASONORA
Por dos días consecutivos, la diputada Ernestina Castro Valenzuela puso sobre la mesa del debate legislativo temas relativos a la comunicación, a la protección de derechos de comunicadores y a la reglamentación del gasto de entes públicos en materia de comunicación social.
Le entró la ventolera por la comunicación, dirían en Yécora, a la coordinadora del grupo parlamentario de MORENA en la representación popular sonorense, quien debiera sentirse satisfecha porque logró acelerar el hámster de alguno o de algunos de sus asesores, para poder formular un par de iniciativas, que por su complejidad, la aplicación estarían por verse.
Primero presentó una iniciativa con proyecto de Ley de Comunicación Social para el Estado de Sonora, con la pretensión de que el gasto destinado para este fin cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como respeto a los topes presupuestales, además de poner fin a la discrecionalidad, opacidad y desvío de recursos públicos.
“La presente iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de la ciudadanía a la información sobre la actuación y rendición de cuentas de los entes públicos, a través de la propaganda gubernamental, la cual debe ser de carácter institucional; tener fines informativos, educativos o de orientación social; corresponder al interés público y ser objetiva, oportuna, necesaria, clara, útil, accesible e incluyente”, se establece en la exposición de motivos.
Hizo referencia a gobiernos del pasado y sus prácticas de destinar muchos millones de pesos en años electorales para fortalecer su imagen que nutren una relación viciada entre medios de comunicación y gobiernos, “lo que impacta en la independencia de los propios medios y en la calidad de la información que recibimos los ciudadanos”, apuntó.
“Una regulación eficiente de comunicación social debe terminar con los vicios políticos del desvío de recursos públicos que significa el gasto excesivo en publicidad, así como proteger la equidad en la contienda política, principio esencial de toda democracia que se ve seriamente dañado por la manipulación informativa gubernamental y la promoción personalizada de servidores públicos”, dijo.
La propuesta enviada a comisiones para dictamen consta de 46 artículos integrados en cuatro títulos donde se establecen las reglas, gasto, difusión, procedimiento para la autorización de las campañas de comunicación social; revisión, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos en materia de comunicación social, así como las infracciones y sanciones.
De reconocerse el esfuerzo de la diputada al retomar propuestas ya bastante vistas en otros estados del país, con fuertes dosis de refrito, que, desde nuestra perspectiva, la verdad es que luce quijotesco y mal haríamos en realizar nuestro trabajo como informadores sujetos a la voluntad o no de instancias oficiales y en todo caso le recomendaríamos a Castro Valenzuela que el buen juez por su casa empieza.
Por cierto, la legisladora cajemense completó el uno-dos en la sesión de este jueves con otra iniciativa de Ley, esta relativa a la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de Sonora, que de aprobarse como así parece será, su aplicación será sumamente compleja y muy condicionada.
Como sea, cualquier cosa que sirva para la protección del ejercicio del periodismo y el activismo en favor de los derechos humanos nunca saldrá sobrando, en estos tiempos de tan quisquillosas reacciones desde el poder público o desde poderes de facto que pululan en la esta violenta sociedad en que vivimos.
Ya le daremos un entre con mayor profundidad a esa propuesta tan anunciada en los últimos años, pero por lo pronto hay que destacar que contempla la creación de la Unidad de Recepción de Casos de Reacción Rápida, para atender a comunicador o defensor de derechos humanos que declare que su vida, libertad, integridad física, psicológica o patrimonial está en peligro inminente.
En este punto en específico este abordaje se amalgama a disposiciones de la propuesta de Ley de Comunicación Social para el Estado de Sonora, porque sabemos de numerosos casos de comunicadores que se encuentran en grave riesgo en su integridad psicológica y patrimonial, ya que por decisiones arbitrarias, discrecionales y excluyentes, han sido víctimas de decisiones que no cumplen con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y resultados en la contratación de medios de comunicación para la divulgación de acciones del sector oficial y en cambio se asocian a quienes no aportan nada o aportan minucias al derecho de la sociedad de estar bien informada, y la verdad es que la diputada puede constatarlo ahí en su casa, en el Congreso del Estado.
También en las disposiciones de esta iniciativa para proteger a comunicadores y defensores de derechos humanos, se advierten conflictos de interés, invasión de facultades al ámbito que corresponde a la Ley del Trabajo y a los términos laborales entre empresas privadas y comunicadores, aunque está a toda madre que proscriba medidas restrictivas impuestas en actos oficiales, como son las vallas, los corralitos de la ignominia, obstáculos, cierre de acceso a eventos de servidores públicos, aunque en las odiosas salvedades se deje al criterio de organizadores de ponerlas o quitarlas.
Como sea, ambas iniciativas deberán generar muchas opiniones que esperamos se reflejen en el obligado parlamento abierto para su socialización, a través del cual la raza reporteril y organizaciones representativas del gremio, aporten lo necesario, que de nuestra parte nos vale sorbete y estamos en acelerado tránsito para estar más allá del bien o del mal, para seguir haciendo lo único que sabemos hacer, como siempre.
De seguidilla con las iniciativas en el Congreso del Estado, con mayor inmediatez e impacto general, la propuesta de la diputada Natalia Rivera Grijalva para reformar el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a efecto de clarificar y establecer atribuciones específicas a la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Sonora, en materia de prevención, combate y eliminación de actos de discriminación laboral.
La experimentada legisladora de Movimiento Ciudadano, proponen un ajuste a la redacción del Artículo 175 BIS, para fortalecer el tipo penal de la discriminación laboral por motivos de género y tipificar, de manera clara, la discriminación laboral por motivos de edad, frente a la cruda realidad que sufren personas a partir de los 35 años de edad al buscar un empleo o mujeres cuya edad e incluso apariencia, son condicionantes para tener o no tener trabajo.
A propósito del MC, los anaranjados se sumaron al PRI y el PAN al presentar ante la Suprema Corte de la Nación la acción de inconstitucionalidad en contra de lo que consideran una ocurrencia: la concurrencia electoral en Sonora, que acorta a tres años la gestión de la gobernadora o el gobernador que resulte de la elección del 2027.
Muy completa luce la argumentación en contra de la reforma propuesta por el gobernador Alfonso Durazo y aprobada por la representación de MORENA y verrugas en el Congreso del Estado y publicada el 2 de este mes de marzo, la cual fue calificada como un capricho que violenta la constitución estatal por la representación del MC en la Cámara de Diputados.
Acudieron a presentar el recurso legal, Juan Zavala, Secretario General de Acuerdos de Movimiento Ciudadano Nacional; Jorge Álvarez Máynez, Coordinador de la Bancada Naranja Federal; Manuel Scott Sánchez, Coordinador en Sonora; Rosa Elena Trujillo; diputada local; Royfid Torres, diputado de la Ciudad de México; Isaac Barrios, Delegado en Sonora y Carlos León García, Secretario Nacional de Organizaciones Sectoriales.
https://elportaldelagente.mx/2023/03/ante-la-ocurrencia-de-la-concurrencia-electoral-en-sonora-movimiento-ciudadano-interpone-accion-de-inconstitucionalidad/. En el siguiente vínculo se detalla una a una las razones de la impugnación que incluye la burda simulación del proceso de parlamento abierto, la premura de la reforma; falsedades respecto a que reducirá el gasto y propiciará mayor afluencia a las urnas, violación a los derechos de la mujer, carecer del impacto presupuestario como obligación de ley, entre otros puntos.
Todo lo anterior deberá ser sopesado por la más alta instancia judicial de este país, quedando abierta la posibilidad de que por en nuevo enrutamiento en la impartición de justicia de por aquellos rumbos, el gobernador Durazo Montaño, MORENA y forúnculos sufran sonoro revés.
Y el fatal incendio en el centro de detención, no albergue de migrantes, ni estación migratoria, cárcel en Ciudad Juárez donde fallecieron al menos 40 personas, ha abierto pestilente cloaca y revelado como es que el gobierno mexicano viola de forma flagrante tratados internacionales que establece que la situación migratoria no es condición para dar trato de delincuentes a quienes son desplazados de países por motivos económicos o políticos.
Ya se supo que la empresa privada SEICSA representada por el cónsul de Nicaragua en tres estados del Norte del país, Elías Gerardo Valdez Cabrera, tiene un contrato para prestar servicios de vigilancia a centros de detención del INM, en un paquete de más de tres mil millones de pesos por hacer lo mismo en Bancos del Bienestar, la CFE, LOTENAL, Bellas Artes, INEA, el SAT, CAPUFE, la Fiscalía General de la República e incluso es la encargada de seguridad del Puerto de Guaymas, como si la Marina, encargada de dichas instalaciones requiriera de tales servicios, así como es el caso de la FGR.
El caso es que al igual que aquel 18 de enero de 2019, en Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando miembros de las fuerzas armadas, policías estatales y municipales dejaran morir a 137 personas al explotar el ducto de PEMEX que ordeñaban, en Ciudad Juárez se repitió similar negligencia criminal, pero ahora con implicaciones internacionales.
Está tan peliaguda la revelación sobre la subcontratación millonaria a una empresa propiedad de extranjero, que, en la mañanera de este jueves, el presidente López Obrador eludió con su acostumbrada arrogancia, aclarar cómo está eso cuando tal servicio requiere de personal capacitado, quedando pendientes más novedades, porque seguramente de este asunto seguirá brotando porquería.