MUY RARO
SAMUEL VALENZUELA/COLUMNISTA
DESPIERTASONORA
Nos comentaba inquieto interlocutor, que las tragedias se miden en función de la reacción ciudadana ante ellas y que, desde esa perspectiva, el asesinato de 11 personas mediante un incendio intencional de un bar en San Luis Río Colorado, no fue para tanto para una sociedad sonorense endurecida por el saldo de la violencia, ejecuciones en vía pública, hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas y demás.
La insensibilidad social es música para los oídos de las instancias de autoridad, pues sin esa presión es opcional aplicarse en la procuración de justicia y mantener el juego de omisiones que derivaron en lo ocurrido durante la madrugada del sábado del 22 de julio en el antro Beer House, que, a tan pocos días de los acontecimientos, pareciera que no pasó nada para efectos del resultado de las indagatorias que presuntamente realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Hasta aquí los comentarios de nuestro compa y ya de nuestra cosecha, todo indica que esa carpeta de investigación se cerró 48 horas después de la tragedia con la detención de José Luis Limón Espinoza, con la divulgación de sus antecedentes y las correrías en las que anduvo en esa jornada que culminó con su criminal acto que seguramente lo mantendrá tras las rejas de por vida.
Sin presión social, sin una sociedad reclamando justicia, el fiscal Gustavo Salas Chávez se la pasa en su Edén particular, en tanto que el alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas y sus cómplices de omisiones, hasta se ufanan de la impunidad que gozan y si a ellos no se les imputará alguna responsabilidad, pues deben estar tranquilos Armando Castañeda Sánchez, encargado de despacho de la Unidad Estatal de Protección Civil; el anterior titular, Juan González Alvarado, actualmente secretario particular del gobernador Alfonso Durazo Montaño, la directora de alcoholes, Cristina Caballero, e incluso el propietario del precario establecimiento, Walter Avilez.
A excepción de Salas Chávez, por ahora, si el resto de las personas mencionadas hubieran cumplido con su parte de facultades y obligaciones que las leyes les confieren y les marca, esos hechos no hubieran ocurrido y esas 11 personas seguirían vivas, José Luis “N” no hubiera tenido la oportunidad de perpetrar su irracional acto, que, de intentarlo, los parroquianos hubieran podido ponerse a salvo.
Muy rara la parsimonia de la fiscalía ante tantas anomalías reveladas en la operación del trágico antro y las evidentes omisiones de las instancias de autoridad en materia de protección civil y que claramente se establecen en la llamada Ley 5 de Junio, marco jurídico que evita eufemismos, llena vacíos legales, concatena responsabilidades y las comparte, todo para evitar o prevenir impunidades en casos como la guardería ABC y ahora como el Beer House.
Fíjense que se reportó a este escritorio amigo nuestro que si bien vive en Mexicali abreva mucho de la vida nocturna de San Luis Río Colorado, donde radicó por muchos años, y nos comenta que ciertamente el antro no era un espacio con instalaciones dignas, pero era muy concurrido por chavo rucos por las presentaciones de grupos musicales exponentes del rock clásico, aunque había de todo, y sí, confirma lo precario de su construcción y mobiliario.
Pero a los parroquianos les era secundario o ignoraban que careciera de permiso para la venta de alcohol, que la unidad municipal y estatal de protección civil no realizaran las inspecciones y aplicara correctivos para hacer seguras sus instalaciones, que fuera común la asistencia de menores de edad y que la policía municipal se hiciera de la vista gorda frente a evidentes conductas violatorias al bando de Policía y Buen Gobierno. Para ellos lo importante era la buena música y cerveza barata bien helada.
Todo ese contexto seguramente ya es del conocimiento de la fiscalía, del ayuntamiento, de alcoholes y de la UEPC; no son figuraciones, son hechos sancionables por la autoridad, que no deben quedar solo en un castigo ejemplar contra el perpetrador y eventualmente contra el propietario del antro y decimos eventualmente, porque al parecer es un personaje con importantes niveles de influencia y por eso se daba el lujo de operar de forma irregular.
Obvio que quienes antes pegaban de gritos ante este tipo de situaciones ahora son gobierno, o sea, con ellos en la burocracia en sus distintos niveles, se fue la sensibilidad social, de acuerdo con la perspectiva de nuestro compa citado al principio y por ello, ante una reacción social poco solidaria para las familias de las víctimas, instancias de procuración e impartición de justicia se pueden hacer pendejas.
En este contexto, es menester reconocer que la única voz discordante de esa feria de omisiones y/o complicidades ha sido la representación legislativa local de Movimiento Ciudadano, que un día después de la tragedia, anunció que promovería juicio político contra el alcalde González Yescas.
De la misma forma denunciaron que tanto funcionarios estatales como del ayuntamiento de San Luis Río Colorado son responsables por omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones y facultades como servidores públicos y deben ser llamados a cuentas para el deslinde de responsabilidades.
Pues este miércoles la bancada naranja en el Congreso del Estado cumplió con lo prometido las diputadas Natalia Rivera y Rosa Elena Trujillo, así como los diputados Jorge Russo y Ernesto de Lucas, presentaron demanda de Juicio Político contra el munícipe sanluisino, quien como se sabe está confeso de su falta de atingencia en el cumplimiento de sus responsabilidades como servidor público y como testigo mudo durante cinco años de la operación irregular de ese antro.
En conferencia de prensa, fundamentaron de forma detallada las razones jurídicas y constitucionales de su demanda que deberá ser procesada en la Cámara de Diputados, con la posibilidad de que para evitar que el asunto escale hasta instancias estatales, la bancada de MORENA y sus verrugas sean congruentes y se sumen a la propuesta del MC.
Interesante la sugerencia de la diputada Rivera Grijalva al mencionar los alcances de la Ley General de Responsabilidad Patrimonial para que funcionarios públicos del Estado y los municipios pueden ser demandados por daños y perjuicios en bienes y personas por el incumplimiento de sus deberes, con el subrayado, de que las indemnizaciones que deban pagar serán con cargo a su peculio personal.
A nivel de dirigencia estatal del PAN, también reaccionaron, pero en su caso, Gildardo Real presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el munícipe sanluisino y exigió que se abran procesos legales y se persiga a todos los responsables de los hechos, incluidos a “criminales con cargo público”, dijo.
El hecho es que si el Estado hubiera cumplido con la premisa fundamental de origen: proteger a la gente, Emilio y su mamá Julissa Cuén no hubieran muerto, así como tampoco lo estarían los integrantes del Grupo Mitosis, Ricardo Martínez, Adrián Becerra y Aarón Hernández, así como Lizbeth Denisse Nava, Miguel Ángel Contreras, Benjamín Pedraza, Betzy Burgos, Águeda Espinoza y Víctor Hugo Encinas.
Habrá que ver el destino que tenga la demanda de juicio político, que de ser resuelta como se debe, despejaría las cosas para que la fiscalía aplique el rigor penal al negligente alcalde de San Luis Río Colorado, aunque ante tanta parsimonia hasta ahora de Salas Chávez, habrá que ver también hasta donde le permiten ir en las indagatorias.
En resumen, muy rara la pasividad social ante esa tragedia y Dios Guarde la hora que algo similar ocurra en un ayuntamiento no administrado por MORENA, porque en ese caso a lo mejor viéramos las ansias justicieras de quienes ahora al parecer se hacen majes para no perjudicar a los suyos.
En asuntos más amables, visita de lujo tuvo este miércoles el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, al recibir en sus oficinas al exgobernador Samuel Ocaña García, sin duda un referente de lo que debe ser un servidor público ejemplar, a ras de tierra y sin perder su esencia como el más común de los mortales.
A cargo de la fuente oficial, este reportero cubrió los últimos tres años del gobierno del neumólogo nativo de Arivechi y que de forma sorpresiva fue postulado a la gubernatura y ejerció su mandato con absoluta honestidad desde una perspectiva progresista poco común en aquellos tiempos y que reafirmó tendencias de su antecesor Alejandro Carrillo Marcor, que entró al relevo de un Carlos Armando Biébrich idiotizado por un anticomunismo trasnochado.
Bien por el Toño al mantener cercanía con personajes de tanto prestigio y experiencia política y en el servicio público como el Doctor Ocaña, además de ser un deleite echar la platicada con él y constatar su privilegiada memoria y pragmatismo en la interpretación del acontecer diario en el ámbito político.
Y el subir y bajar escaleras nos cobró caro, ya que nos resentimos de nuestro ya estropeado tobillo y por eso padecemos de nueva cuenta la inmovilidad, con la esperanza que en pocos días esta parte de esta carrocería se vuelva a soldar, y por eso no podremos atender la invitación del Sistema Estatal de Comunicación Social para cubrir la gira de trabajo que realiza este jueves en Cajeme el gobernador Durazo Montaño, aunque estaremos atentos a su seguimiento desde nuestro bunkercito.