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El fiscal general de Nuevo México abrió una investigación penal el viernes para determinar si agentes de la DEA infringieron la ley estatal al permitir que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Albuquerque.
La extraordinaria investigación se produce menos de una semana después de que The Associated Press informara que agentes de la DEA con frecuencia vigilaron —pero no incautaron— cargamentos del opioide sintético en un intento por armar acusaciones penales más grandes entre 2023 y 2025.
Agentes y exagentes de la DEA, incluido el denunciante David Howell, dijeron a la AP que la estrategia equivalía a jugar con la seguridad pública y pudo haber violado normas del Departamento de Justicia de Estados Unidos destinadas a proteger a la población.
El fentanilo no fue incautado aunque Estados Unidos vive la epidemia de drogas más mortífera en su historia y mientras la DEA encabezaba una campaña de concienciación pública —“One Pill Can Kill” (“Una pastilla puede matar”)— que enfatizaba que incluso unos pocos miligramos de la sustancia pueden ser letales.
La investigación penal convierte un debate sobre tácticas policiales en una cuestión de si agentes federales cruzaron límites legales mientras perseguían a organizaciones de tráfico más grandes.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, afirmó que los agentes federales “no están por encima de la ley”, pero gozan de protecciones legales sustanciales cuando cumplen funciones oficiales.
