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La legisladora cajemense explicó que la normativa legal actual ya quedó desfasada, lo que deja desfavorecida a las víctimas, por ello trabajan en actualizar y lograr penas más elevadas.
“Como decimos coloquialmente hay que ponerle dientitos, con esta nueva ley se garantizan penas mucho más allá de lo que actualmente se tiene, entre 15 a 25 años de cárcel, pero cuando son causadas estas extorsiones por servidores públicos se duplican de 40 a 42 años de prisión”, subrayó Castro Valenzuela.
Además, recalcó, el interés del gobernador Alfonso Durazo por esta iniciativa.
