Por Daniza Vega Félix #𝗗𝗘𝗦𝗣𝗜𝗘𝗥𝗧𝗔𝗦𝗢𝗡𝗢𝗥𝗔
La denuncia de una madre de familia llegó este día hasta las Audiencias del Pueblo en Cajeme, donde con la voz entrecortada y al borde del llanto, la señora María de Lourdes pidió el apoyo del alcalde Javier Lamarque ante la situación que vive su pequeño hijo en la primaria Juan de la Barrera, ubicada en la colonia Libertad.
La madre expuso que su hijo, diagnosticado con autismo, ha sido víctima de un trato discriminatorio por parte del director del plantel, quien no solo le ha negado el apoyo que requiere, sino incluso el acceso a la escuela.
Explicó que el menor, al presentar Asperger grado 3, necesita apoyo físico y fisiológico especial. Además, padece hidronefrosis severa, condición que también demanda asistencia constante y personal. Pese a ello, el director le ha cerrado las puertas y ha mostrado una actitud insensible e injustificable.
María de Lourdes precisó que en esa institución hay otros niños con autismo, pero que en el caso de su hijo las necesidades son mayores, por lo que resulta todavía más grave la negativa de la autoridad escolar a brindarle la atención correspondiente.
Ante ello, la madre hizo una petición puntual al alcalde:
“Yo le solicito, alcalde, una cita con el licenciado Froylán Gámez, secretario de Educación”.
La respuesta fue inmediata. Javier Lamarque tomó su teléfono y realizó una llamada directa al titular de la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora, quien respondió de forma personal y se comprometió a atender el caso sin demora.
“Estimado amigo, ¿cómo estás?”, expresó el alcalde al iniciar la llamada.
Del otro lado de la línea se escuchó la voz del secretario Froylán Gámez:
“Bien, ¿y tú cómo estás?”
Una vez expuesta la denuncia de la madre, la respuesta del funcionario estatal fue clara y contundente:
“Pásame el caso y ahorita mismo lo atendemos. Ahorita le pido al área de inclusión que lo atienda de inmediato, cuenta con eso. Pásame el teléfono y ahorita le marcan, hoy mismo lo atendemos”.
La reacción de la madre fue de agradecimiento y alivio. Después de meses de sufrimiento, de impotencia y de ver cómo su hijo era discriminado en un espacio que debería protegerlo, encontró finalmente una respuesta institucional.
Porque ningún niño merece ser excluido por su condición. Ningún menor que ya enfrenta una batalla diaria debería además cargar con la indiferencia, la cerrazón o la falta de sensibilidad de quienes tienen la obligación de garantizarle educación, inclusión y respeto.
Lo ocurrido no debe quedar solo en una atención emergente al caso. También debe haber consecuencias. El director señalado no puede pasar por alto una conducta de esta naturaleza, porque olvidó lo esencial de su función pública: velar por el bienestar de todos los alumnos, garantizar igualdad de trato y hacer valer los derechos humanos de cada niño dentro del plantel.
Cuando un directivo escolar discrimina, no solo falla como autoridad educativa; falla como servidor público y le da la espalda a la infancia que está obligado a proteger.
