#𝗗𝗘𝗦𝗣𝗜𝗘𝗥𝗧𝗔𝗦𝗢𝗡𝗢𝗥𝗔
Lo que está ocurriendo en la Universidad de Sonora ya cruzó una línea delicada: la de la legalidad.
No hay matices. No hay interpretación posible. Un juez laboral determinó archivar el emplazamiento a huelga del STEUS, dando por concluido el proceso. Aun así, el sindicato decidió ignorar la resolución y avanzar con una “huelga” que, en términos jurídicos, simplemente no existe.
Entonces hay que decirlo como es: no es huelga, es toma de instalaciones.
Y eso cambia todo.
Porque una cosa es la defensa legítima de derechos laborales —que nadie pone en duda— y otra muy distinta es actuar al margen de la ley para presionar políticamente. Cuando se cruza esa línea, el conflicto deja de ser laboral y se convierte en un acto de fuerza.
Mientras tanto, la Universidad de Sonora en voz de la rectora Dena María Jesús Camarena Gómez, ha sostenido que no se ha levantado de la mesa. Ha puesto sobre la mesa el 4% salarial nacional, el 2% en prestaciones y, además, incrementos diferenciados que alcanzan hasta el 12.89% en los niveles más bajos. Un esquema que impacta a alrededor de mil 600 trabajadores y que, guste o no, está por encima de lo que se ha aceptado en la mayoría de las universidades del país.
¿Es suficiente? Para algunos no. ¿Es despreciable? Tampoco.
Pero lo verdaderamente preocupante no es la diferencia en los porcentajes, sino la decisión de romper el cauce legal para imponer presión.
Porque si se normaliza que una resolución judicial puede ignorarse sin consecuencias, entonces el problema ya no es salarial: es institucional.
En medio de esta disputa, hay más de 49 mil estudiantes que ven cómo su formación queda en pausa por una estrategia que difícilmente se puede justificar desde el derecho. Ellos no votaron la huelga, no negociaron contratos, pero sí están pagando el costo.
Y aquí es donde el sindicalismo se juega su credibilidad.
La lucha laboral pierde fuerza cuando se sostiene en una ilegalidad. Pierde legitimidad cuando se convierte en un pulso político. Y pierde respaldo social cuando afecta a quienes dice defender indirectamente: la comunidad universitaria.
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿qué se busca realmente?
Si la respuesta es mejorar condiciones laborales, el camino sigue siendo el diálogo. Si la respuesta es medir fuerza, entonces el costo será mucho más alto de lo que hoy se reconoce.
Porque en Sonora, hoy no solo está en juego un contrato colectivo. Está en juego el respeto a la ley, la estabilidad de una institución y el futuro inmediato de miles de jóvenes.
Y eso no debería estar sujeto a presión.
