RENUNCIA
SAMUEL VALENZUELA / COLUMNISTA
#DESPIERTASONORA
Desde hace meses se sabía de los riesgos y conforme se agudizó la confrontación en las últimas semanas entre el exgobernador de Baja California, Jaime Bonillas y la actual gobernadora María del Pilar Ávila, se sabía que Rodolfo Castro Valdez estaba en la cuerda floja.
Lamentable que un perfil tan alto como el de Castro Valdez haya tenido que renunciar como Jefe de la Oficina del Ejecutivo de Sonora, a la coordinación del gabinete del gobernador Alfonso Durazo Montaño, por una disputa interna entre morenistas, que incluso pudiera afectar las relaciones entre los gobiernos de ambos estados.
Vinculado a proceso por presuntos delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades durante su gestión como Secretario de Hacienda del gobierno de Baja California, el ahora exfuncionario estatal había pedido licencia sin goce de sueldo hace un par de semanas para ocuparse de su defensa, al aproximarse la audiencia judicial a cuyo fin resultó inculpado y por eso su renuncia.
Se trata de una denuncia penal interpuesta por la actual gobernadora en contra de su antecesor y nueve de sus colaboradores por haber incurrido en los delitos de corrupción y colusión de servidores públicos al firmar un contrato con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica que generaría una afectación de 12 mil millones de pesos a la hacienda pública.
Y además, el que el ahora senador de la república y con fuero, días antes de dejar su encargo como gobernador, firmó un contrato que obliga a su sucesora a pagar una indemnización de 6 mil millones de pesos a la citada empresa regiomontana como multa en caso de no concretarse la construcción del parque fotovoltaico en Mexicali.
Dicha disputa luce encarnizada con un fiscal estatal Ricardo Iván Castro y la gobernadora muy enyerbados luego de las acusaciones en una sesión de comisiones del senado, donde Bonillas prácticamente los acusó de ser asociados a uno de los carteles de la droga y la lo demás fueron consecuencias, entre ellas la renuncia del Jefe de la Oficina del Ejecutivo de Sonora.
No vamos a entrar en detalles técnicos respecto al fallido proyecto de construir esa granja solar sin la autorización del gobierno federal y el que Castro Valdez se haya defendido con el alegato de que como secretario de Hacienda solo acató las instrucciones del gobernador y del Congreso del Estado, en la integración de un fideicomiso que representaría un impacto económico de 30 mil millones de pesos, de los cuales se pagaron 123 millones por un contrato que carecía de permiso para ejecutar la obra.
El caso es que el mismo gobernador Durazo confirmó la renuncia de su tan cercano colaborador, incluyendo el empujón que poco más temprano le dio el contralor Guillermo Noriega Esparza, quien en la mesa CORSAS, consideró que en estos momentos lo más importante es el proyecto de transformación del gobernador Durazo Montaño, por lo que si ese tipo de situaciones se considera que le pueden dañar, lo mejor es retirarse.
Eso sí, el Memo subrayó el principio de la presunción de inocencia del renunciado, aunque tal concepto legal no lo invocó, sino al contrario, en los casos donde funcionarios estatales resultan señalados o implicados en presuntos actos de corrupción, a quienes dijo, se les separa inmediatamente de sus cargos y si ya después todo se aclara, pueden regresar a sus deberes como servidores públicos.
El contralor se sacudió las manos respecto a los problemas judiciales en Baja California del renunciado Castro Valdez, al asegurar en Sonora como funcionario público sin que tengamos idea si en la tres de tres se haya determinado algún conflicto de interés toda vez que la empresa de la cual es fundador y no sabemos si socio, INTELINOVA Consulting presta sus servicios al ISSSTESON, a Bienes y Concesiones, a la Secretaría del Trabajo, al ICRESON, entre otras, a las cuales les cobra muy bien.
Así las cosas, Castro Valdez se convierte en la primera baja importante del gabinete de Durazo Montaño, aunque antes, como se recordarán, ahuecó el ala Jesús Valencia Guzmán, quien si bien cobraba como titular del CEDEMUN, se sabe que se manejaba a nivel de secretario, y la otra baja pero de baja categoría a pesar de cobrar como subsecretaria de la SEDESSON, Patricia Medina.
No tuvimos contacto alguno con el renunciado, pero a ojo de buen cubero se percibía eficiente como elemento anexo y de apoyo inmediato durante las conferencias de prensa del gobernador en el abordaje de los distintos temas, aunque no faltan los maledicentes que lo señalan como factor de discordias entre integrantes del primer círculo del mandatario estatal.
Y no, luego de informar de esa renuncia, el gobernador no fue cuestionado respecto a quien entrará al relevo en esa importante posición de su gabinete, omisión que a lo mejor se debe que la raza reporteril ya no trabaja en automático y se reserva lo que en otros tiempos era elemental informar al conocerse de bajas en el gobierno, aunque seguramente Durazo hubiera contestado que aún no toma la decisión al respecto, manejándose la posibilidad que el relevo pudiera ser Ignacio Vázquez, su secretario particular, aunque hay quienes mencionan a Adolfo Salazar, Secretario de la Consejería Jurídica.
Como ven, la salida del embroncado “Cara de Bagre” bien podría ser una buena oportunidad para que el gobernador haga una serie de ajustes que de todas formas son irremediables, a no ser que para cubrir dicha posición heche mano de algún perfil ajeno al gabinete.
En fin, estuvo buena la conferencia del gobernador, quien en los distintos temas confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Sonora el próximo viernes y sábado, primero para una reunión con John Kerry, Enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima, en la que se presentará el Plan Sonora de Energías Renovables y los distintos proyectos que hacen de esta entidad la punta de lanza en México para la generación de energías limpias.
Y el sábado la agenda presidencial se concreta a un evento donde López Obrador hará entrega de 29 mil hectáreas a la tribu yaqui, en donde seguramente se evaluarán los avances del plan de justicia para dicha etnia, previéndose además contingencias con sectores desplazados de dichos beneficios y por afectados por el impositivo mercadeo de esa superficie.
Pero antes, este martes por la tarde andará por esos rumbos el cara de moco, ya que andamos con remoquetes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien aprovecha la reforma constitucional para ampliar la presencia militar en tareas de seguridad pública, con el evidente propósito de ser competitivo y con posibilidades de ser candidato de MORENA a la presidencia.
Tenemos entendido que tendrá dos reuniones: una con integrantes de la legislatura estatal y otra con “la sociedad civil”; a los primeros para convencerlos de aprobar la minuta de esa reforma constitucional y en la segunda para socializar dicho tema y por supuesto sus aspiraciones, sin que tengamos idea si insistirá en eso de que los tabasqueños son más inteligentes que los norteños porque no necesitan trabajar para lograr sus metas, y sí, deben serlo, porque lograron que la CFE les condonara miles de millones de pesos de adeudos en consumo solo con no pagar los recibos de luz.
Y en el caso de la reunión con la representación popular sonorense, sabe qué necesidad haya de tratar de convencerlos de que aprueben dicha minuta, cuando como se sabe el partido oficial dispone de 25 votos incondicionales a cualquier ocurrencia presidencial, dos más de los requeridos para la mayoría calificada requerida en ese tipo de trámite.
Otra noticia es que este jueves se firma el convenio con los ayuntamientos en el que se establecen los términos de la repartición de los 123 millones de pesos que como primera entrega derivó al Estado la Secretaría de Hacienda federal, producto de la recaudación por la regularización de carros chuecos en Sonora, con la advertencia que tal entrega está condicionada a la presentación de proyectos de inversión.
En fin, como decíamos, el contralor Noriega Esparza compareció en la Mesa CORSAS en donde platicó sobre su novedoso Big Brother que no es otra cosa que en toda actuación de funcionarios en tareas de inspección regulación y demás, deberán portar una camarita de las 200 disponibles para disuadir la comisión de actos de corrupción, destacando que valen seis mil pesos cada una y que pueden aumentar a 400 y cuyo software al parecer es la piedra filosofal para poner fin a la corrupción hormiga.
Es buena onda nuestro neorobusto portador de gigantesco corta uñas, quien al ser cuestionado sobre algunas de sus posiciones del pasado como miembro de la llamada sociedad civil y ahora como funcionario público, aseguró que como cantinero es más borracho que los que están al otro lado de la barra, asegurando que sólo se ha adaptado a una nueva circunstancia ahora como servidor público, permaneciendo incólume su posición por la transparencia y el respeto de los derechos humanos.
“Soy el cantinero más borracho de este bar”, dijo al parafrasear sobre el apotegma de que no es lo mismo ser borracho que cantinero y describir el esfuerzo que representa estar atento del actuar de 68 mil funcionarios públicos, incluida la planta magisterial y el hecho de que en el curso de este año se hayan auditado 253 obras, o sea, esa información sirve para quienes consideran el gobierno de Durazo es de puros anuncios.