La votación es obligatoria
ARMANDO VÁSQUEZ A./COLUMNISTA
#DESPIERTASONORA.COM
UN VOTO EN MÉXICO oscila entre los 208 pesos –como ocurrió en los recientes procesos electorales estatales–, y poco más de 300 pesos, cuando son comicios federales. El presupuesto del INE en este 2023 ronda los 14 mmdp. La alegata de siempre es que es el costo de la desconfianza.
Si tomamos en cuenta que vota un promedio más menos del 50% –en 2019 para gobernador en Puebla votó el 33 por ciento y en Baja California un 29% por poner dos ejemplos–, y el gasto de las autoridades electorales se incrementa año con año, la pregunta obligada es:
¿Y si está en la Constitución como obligación votar y se menciona un castigo para el incumplido, porque no se impone la ley?
Hay 27 países en el mundo donde el votar es obligatorio y once de ellos son de América Latina, entre estos México que conforme al artículo 36 de la Constitución se establece como una obligación de los mexicanos, tercer párrafo: “votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato en los términos que señale la ley”.
Y el 38, en su párrafo primero dice textual: “Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36, esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley”.
El licenciado Carlos Ramos Chávez presentó en el 2020 un estudio que tituló “Voto obligatorio con sanción: una propuesta para México” que se puede ubicar en el acervo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que si gusta leer el documento se encuentra en este link: https://acortar.link/RpFDmH
Establece que las “deficiencias de las leyes secundarias han imposibilitado la efectiva sanción del voto obligatorio. En el anterior marco normativo, el artículo 4 del extinto Cofipe señalaba que votar constituye un derecho y una obligación del ciudadano. Desde 2014, la Legipe retoma lo contenido en el Cofipe, pero esta vez en el artículo 7: “Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular.
“Sin embargo, en la legislación secundaria no existen sanciones para quienes no participen en las elecciones. Esto mismo sucede con la obligación de los ciudadanos de integrar las mesas directivas de casilla (Art. 8 Legipe). Por lo tanto, se considera necesario incluir en la Legipe las sanciones para los ciudadanos que no asistan a votar y que no participen como funcionarios de casilla el día de las elecciones”.
Se han presentado y están guardando el sueño de los justos desde 1997 al 2019, catorce iniciativas sobre el tema que han querido impulsar legisladores del PRD, PVEM, MC, PRI (ver página 973 del documento), las cuales impulsan castigos como multa por 10 días (en aquel entonces de 500 pesos), o bien beneficios, como exenciones fiscales. Unas están en la cámara baja y otras, en la alta.
El detalle es que no tiene dientes y al no haber castigo para quien incumpla pues le vale madre a la ciudadanía.
En países como Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Singapur, Turquía, Uruguay, Perú, Ecuador, hasta sumar trece de los 27, les imponen castigos a quien incumplan que van desde multas, impedimentos para hacer trámites, hasta privación de algunos derechos.
Si no hay castigo al incumplido seguirá la misma cantaleta. De no ser porque hicieron obligatoria la credencial de elector en México para los diferentes trámites, sobre todo el uso en bancos, jure usted que nuestro padrón electoral sería una burla.
La población no entiende de otra manera: uso del cinturón al manejar, no hablar por celular, las multas son de ocho mil pesos y allí dolió.
A su vez y como reforzamiento de su análisis, el licenciado Ramos maneja una gráfica muy interesante sobre la desconfianza que tienen los mexicanos (página 970 y de 1996 al 2018) en la democracia mexicana –concretamente el Tribunal Electoral–, que rebasa el 70 por ciento, a los partidos políticos (87%) y al poder legislativo en un 64%.
Ese desgaste en la credibilidad de los partidos políticos se ve reflejado en una encuesta tuitera realizada por Enrique de la Madrid en la que votaron unos nueve mil y ante la pregunta: ¿Por qué creen que los mexicanos no salen a votar?, el ochenta por ciento opinó que no creen en los partidos. Es botoncito válido.
Entre las conclusiones que maneja el autor menciona el regalamiento en base a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales pues aún y cuando es obligatorio, en la práctica no existen sanciones debido a la falta de legislación secundaria en la materia, se insiste. Deja en claro que el castigo debe ser efectivo y las penas duras.
Como efecto positivo indica que se reduciría el acarreo con todas sus variantes (sobre todo económicas y gasto de tiempo), se incrementaría la votación en el corto plazo, sin ser la panacea por supuesto, pero sobre todo y lo más importante, se involucraría a la población en materia de políticas públicas. En Estados Unidos emplean las votaciones electorales para elegir algunas medidas o decisiones que deben tomar los gobernantes.
Ojalá algún legislador se eche este trompo al uña.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorado en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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